La convocatoria de ayudas económicas destinadas al sector del comercio y de la hostelería del municipio de Mieres ha recibido algo más de 200 solicitudes en los primeros cuatro días tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Se trata de una aportación exclusivamente municipal que, con 800.000 euros de presupuesto, tiene como objetivo "intentar aminorar, dentro de las posibilidades de la administración local, los efectos de la crisis sanitaria en el tejido económico del concejo y ayudar a mitigar el impacto que la situación excepcional que se está atravesando conlleva para los negocios del concejo, apoyando a sectores clave tanto a nivel de empleo como de actividad económica".
El concejal de Hacienda y vicealcalde del concejo, Manuel Ángel Álvarez, pidió ayer a todos los autónomos que tengan deudas de algún tipo con la administración públicas que tramiten igualmente la solicitud de ayuda. Si bien inicialmente la citada condición impediría el acceso a los fondos, el gobierno local está haciendo gestiones para intentar que se facilite, “excepcionalmente”, los cobros a todos los profesionales que no tuvieran deberes pendientes antes del inicio de la crisis sanitaria. Aunque de momento no hay garantías de que el requerimiento será atendido, el Ayuntamiento insta a los profesionales que no estén al día con sus compromisos a solicitar las ayudas igualmente ante la posibilidad de que pudieran percibirlas en última instancia. Del mismo modo, Álvarez ha comunicado a hosteleros y comerciantes que las peticiones de aplazamientos de pagos que sean presentadas al propio Ayuntamiento se atenderán para facilitar el acceso a las ayudas.
Entre los profesionales afectados por los cierres se están dando situaciones casi esperpénticas a la hora de acceder a las ayudas. Es el caso, por ejemplo, de una joven hostelera que ayer le explicó su caso al Alcalde: “Cuando solicitamos la ayuda estatal se nos comunicó que no se podía tramitar debido a la existencia de una multa de tráfico de 2017 que teníamos sin abonar”, explicó la joven, que afirmó que hasta el momento de la notificación desconocía la existencia de esa sanción sin pagar.
Ante situaciones como la citada, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, ya solicitó hace días por escrito al Ministerio de Hacienda que el Gobierno de España valore, “con carácter de urgencia”, adoptar una excepción temporal de la Ley de Subvenciones. El objetivo sería eximir del requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias exclusivamente a partir del 14 de marzo de 2020, cuando se declaró el primer Estado de Alarma. La medida cubriría a las pequeñas empresas y autónomos “con el objetivo de que puedan acceder a las ayudas que las distintas administraciones están convocando para hacer frente a la actual situación de emergencia”.
Las bases reguladoras de estas ayudas determinan que las personas autónomas de los sectores de hostelería y comercio que hayan cerrado temporalmente a causa de las restricciones sociosanitarias planteadas por la pandemia del coronavirus puedan recibir una ayuda de 400 euros. Por otra parte, quienes no hayan cerrado sus negocios pero sí hayan visto perjudicada su actividad y facturación recibirán una ayuda de 300 euros.
Partiendo de las citados pagos, la estimación municipal está establecida en función de que unos 2.000 autónomos solicitasen las ayudas. El Ayuntamiento, en vista del ritmo de solicitudes, prevé que la cifra final sea sensiblemente inferior. Esta posibilidad ya había sido prevista. Manuel Ángel Álvarez apuntó ayer que el dinero sobrante tras los pagos asignados se repartirá a mayores entre los beneficiarios. De esta forma, las ayudas iniciales de 400 euros oscilarán casi con toda seguridad entre los 500 y 600 por autónomo.
De cara al próximo año, el Ayuntamiento ya ha anunciado que destinará otros 800.000 euros del remanente municipal a un segundo paquete de ayudas. Al tiempo, la administración local está buscan encaje legar a posibles exenciones de tasas como las asignadas al uso de terrazas.
Los afectados por las restricciones cierran heridas tras las tensiones entre sectores
El comercio y la hostelería de Mieres parece haber superado las tensiones generadas el pasado miércoles tras verse la Unión de Comerciantes obligada a suspender su concentración de protesta como consecuencia de un enfrentamiento con autónomos independientes. Este colectivo no asociado retomó ayer por su parte las movilizaciones. De cara a la semana que viene tienen previsto iniciar un encierre. Los hosteleros y comerciantes no asociados quisieron ayer zanjar la polémica: “Lo único que queremos es que todos estemos unidos”, puntualizaron. Remarcaron que quienes buscaron “politizar” la protesta del miércoles no forman parte del colectivo. “Somos trabajadores que sólo buscamos poder abrir nuestros negocios y superar una situación límite”. Al tiempo, el comerciante Pelayo González, uno de los señalados tras el enfrentamiento del miércoles, quiso ayer subrayar que “en ningún momento insulté o falte al respeto”. Apuntó que en ningún momento ha estado movido por intereses políticos. “Lo que quiero es, como todo el sector, poder trabajar y ganarme la vida garantizando la seguridad”. Igualmente indicó que “sólo me represento a mí mismo y no quiero ayudas, sino poder trabajar”.
El Pleno aprobará la ordenanza para cobrar 25.000 euros al año por los tendidos eléctricos
El Ayuntamiento de Mieres tiene la intención de cobrar una tasa a las eléctricas por la ocupación de terrenos en el concejo. De esta forma, seguirá los pasos de otros municipios de la Cuencas, como Lena y Morcín, que hace ya tiempo que han completado el proceso de aprobación de la ordenanza. La intención del gobierno de Mieres es llevar a Pleno la nueva ordenanza en breve. Las estimaciones de los técnicos municipales es que el Consistorio podrá ingresar unos 25.000 euros anuales por la presencia de los tendidos eléctricos. Ahora bien, a nivel local se asume que acaban de iniciar un proceso que puede ser largo. El recelo ante la posibilidad de poder ingresar los pagos de las eléctricas con celeridad hace en Mieres de la experiencia previa de ayuntamientos como Lena. Una de las compañías ha presentado un recurso contra el Consistorio porque considera que los metros cuadrados de la ordenanza no se ajustan a la ocupación real. Hace cerca de un lustro que el Ayuntamiento planteó la redacción de la ordenanza: “Si todas las empresas asentadas en el concejo pagan sus impuestos, no entendemos que las eléctricas no lo hagan”, afirmó el entonces alcalde, Ramón Argüelles, también de Izquierda Unida. El desarrollo de la citada ordenanza llevó más de dos años. Tomaron el acuerdo definitivo, en el Pleno, el año pasado. Prevén que ingresarán cerca de 150.000 euros anuales, que se invertirán en el área de Servicios Sociales. En Langreo son 8.000 euros los que se esperan ingresar. En Sobrescobio, la estimación alcanza por su parte los 40.000 euros.
