Juan José González Pulgar llegó al Montepío en 2014 para pilotar la recuperación económica tras los ejercicios anteriores, que venían arrastrando pérdidas desde la inauguración de la residencia geriátrica de Felechosa, un centro que hoy sostiene a la mutualidad. Logró revertir la tendencia económica, pero la pandemia ha hecho que la entidad (con casi 10.000 socios) se enfrente a una gran crisis. Cerrará 2020 con dos millones de pérdidas y con un concurso de acreedores en el Balneario de Ledesma, cuyo futuro está en claro riesgo. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA apenas 48 horas después del fallecimiento de su padre, víctima del covid-19 y que estaba en la residencia Canuto Hevia de Lena.
–Aunque 2019 fue un buen año para el Montepío, el covid les ha dejado en una situación complicada.
–Estamos en 13 millones de euros de volumen de negocio y el pasado año logramos unos resultados positivos de 763.000 euros, una cifra muy estimable. Y aún faltan otros casi 600.000 euros de otra sentencia. Todas las empresas estuvieron en beneficios. Se hicieron inversiones y, tras negociar con nuestro banco, rebajamos los tipos de interés de más del 4 por ciento hasta el 2,5 por ciento. Esto hacía prever que 2020 iba a ser un buen año para el Montepío. Pero llegó la pandemia y nos ha puesto en una situación crítica. Por ejemplo, en Ledesma.
–¿Qué efectos les han causado los estados de alarma?
–Han sido demoledores para todas las empresas y también para las del Montepío. Tuvimos que cerrar el balneario de Ledesma en septiembre, tras abrir solo en verano, que además fue flojo. Intentamos recuperar las pérdidas del primer semestre, pero no fue así. Murcia y Roquetas también estuvieron muy flojos y están en negativo. Al final de año tendremos una pérdidas estimadas de dos millones de euros en el conjunto del grupo. Es una cantidad muy importante. Y de esa cantidad, el grueso lo lleva el Balneario de Ledesma. Está perdiendo 1,5 millones, y al final de año el déficit será de 1,26 millones de euros.
–¿La situación es entonces crítica?
–El balneario entra en una situación de insolvencia. Y hay que tomar decisiones. La inacción no es una solución. Hay que proteger la empresa. Y hemos solicitado el concurso de acreedores para intentar ganar tiempo y lograr salvar Ledesma, que está en grave riesgo de desaparición.
–¿Intentaron otra solución?
–Lo primero que hicimos fue acudir a nuestro banco de referencia, Liberbank, a pedirles ayudas a través de préstamos ICO u otra línea similar. Pero pese a las buenas conversaciones iniciales, llevaron la operación a su comité de riesgos y nos la denegaron. Es la entidad con la que llevamos trabajando toda la vida y no nos esperábamos esto. Nos ha dejado un poco sobrecogidos y angustiados, porque dejan al Montepío a su suerte y en una situación tremendamente complicada. Y no somos una empresa al uso, somos una entidad social. Esperábamos que nuestro banco de referencia nos diera una solución. También le enviamos cartas al Gobierno central, de Asturias y de Castilla y León. Las administraciones no pueden abstenerse. Estamos sin respuesta aún.
–Le noto molesto.
–No nos esperábamos lo que sucedió con nuestro banco. Somos gestores rigurosos y lo hemos demostrado. Heredamos créditos de los anteriores gestores en 2015 por valor de 17,5 millones de euros y en estos momentos hay 13,6 millones. Los redujimos en casi cuatro millones. Hemos pagado a nuestro banco, en ese tiempo, la friolera de 2,8 millones de euros. Hemos hecho inversiones acudiendo a su línea de financiación en algunos casos. Y además, la entidad es depositaria de nuestro fondo de pensiones, que pesa 16,9 millones de euros. Esa es nuestra carta de presentación. Y no se ha tenido en cuenta.
–¿En qué situación se encuentra ahora el Balneario?
–Estamos en concurso de acreedores. Hay un ERTE en marcha desde marzo, del que en el verano entraron y salieron trabajadores. Tenemos a 105 personas en plantilla, de las que ahora hay 99 en expediente de regulación temporal de empleo y otras 6 en excedencia. Todos están una línea de protección del desempleo al 70%. Van a seguir en desempleo hasta el 31 de enero. A partir de ahí, no sabemos qué puede pasar. Esperamos las decisiones del Gobierno. Tenemos que establecer un acuerdo con los trabajadores. La situación ahora es grave y hay peligro de cerrar y de quiebra.
–¿Qué hay de esos tres millones de fondos mineros que tenían pendientes del cobro por la obra de Felechosa?
–Todo eso está paralizado. Una vez que el caso penal dicta la prejudicialidad, eso significa que todos los casos civiles de menor rango quedan parados. Y hasta que se decida sobre el caso penal, seguiremos sin saber nada. Solamente se excluyó de ahí el caso de la fachada, que lo pudimos resolver positivamente, con 1,3 millones entre el acuerdo y la sentencia favorable. Ahora, hasta que no se resuelva en el “caso Hulla” hasta el último recurso, el resto de procesos, incluido el de los 3 millones que nos deben, van a seguir afectados.
“Que no haya covid en Felechosa es fruto del trabajo y los controles”
–En lo referente al “caso Hulla”. ¿Qué valoración hace de la última sentencia?
–El “caso Hulla” viene desde febrero de 2013, va a hacer 8 años. Va a batir el récord Guinness de las instrucciones judiciales. Hay una cosa muy interesante en la última sentencia, que trata sobre la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Aller. Esa sentencia es buena para el Montepío y mala para quienes buscaban nuestra responsabilidad civil subsidiaria. Hay una serie de conclusiones que nos favorecen. Primero, que el Montepío es una entidad de interés público, y por lo tanto puede recibir donaciones, como el caso del Ayuntamiento de Aller con el solar. Luego también dice la sentencia que en la instrucción del sumario se apuntaba que la residencia de Felechosa se hizo de manera ilegal, sin licencias, pero el fallo confirma que se han legalizado las obras sin alegaciones. Es decir, que son unos trabajos con todos los permisos. Y en tercer lugar hay otro aspecto, que es más político. La tesis judicial dice que los anteriores gerentes concertaron “con políticos, técnicos, funcionarios y empresarios el desvío de fondos públicos del Ministerio de Industria”, dejando entrever que había una trama política. Pero la sentencia dice que no hay tráfico de influencias, porque no hay delito. Aquellos que querían transformar esto en un caso político se quedan sin argumentos. Ahora lo que hay que centrarse es en los saqueos que se produjeron.
–¿Debe José Ángel Fernández Villa entrar en prisión?
–Es un caso que lleva el SOMA y serán los jueces los que tendrán que decidir. Pero hay una cosa curiosa, que es cómo los forenses certifican el estado de salud de Villa de manera no presencial, es decir, sin verle. En cualquier caso, la familia ya contestó a esa pregunta. Ya asumieron públicamente que si José Luis Iglesias Riopedre está en la cárcel con un estado de salud tan precario... Por ello, se deduce como debería de acabar Fernández Villa.
–Pese a que el coronavirus está afectando especialmente a los geriátricos, el del Montepío en Felechosa no ha tenido casos positivos.
–Somos un centro libre de covid y esto no ha surgido por generación espontánea, sino fruto de un trabajo profesional muy intenso. Se ejercen unos controles permanentes. Los trabajadores y la dirección tienen reuniones constantes para que no se baje la guardia. Y hay un ejercicio de responsabilidad muy importante por parte de todos. También hay elementos que contribuyen, como tener servicios médicos y de enfermería los siete días de la semana, lo que te permite una reacción inmediata en cuanto se observa alguna sospecha. A alguien que tiene fiebre se le aparta de la habitación, se le hace la PCR. Y una vez tenemos el negativo, se le reintegra. Además, nuestros trabajadores utilizan las mascarillas FPP2, que para ambientes cerrados es más eficaz que la quirúrgica. Tenemos un trato exquisito y muy comprometido también con los responsables del área sanitaria del Caudal. Nos ayudan en todo.
–¿Cómo está la ocupación?
–Seguimos manteniendo un buen nivel de usuarios, por encima de los 170. Sigue habiendo entradas de pacientes, pero controladas. Se les hace una PCR, a continuación un confinamiento y a los diez días se integra al residente en el grupo.
–Han puesto en marcha un programa poscovid.
–Nosotros ofertamos un servicio que creemos que a medida que se permita una mayor movilidad, vamos a tener a más gente que nos lo demande. Tenemos mucha experiencia en estos tratamientos. Muchas terapias del agua que se hacían en el Balneario también se han trasladado aquí. Y en el futuro, pensamos que esta unidad poscovid también la podemos implantar en Ledesma, en su momento. Siempre que salga adelante.
–¿Cuál es el futuro de la residencia?
–Queremos tener una residencia que sea de vanguardia. Se está discutiendo mucho cuál es el modelo para los geriátricos y hay una apuesta para que la gente viva en sus casas. Pero creo que son fórmulas compatibles. Tenemos que hacer una oferta de calidad, donde la gente siga viviendo dignamente. Quiero aprovechar para manifestar mi apoyo a la residencia Canuto Hevia de Pola de Lena, que tienen una situación compleja que requiere el apoyo por parte de todos.
–Han bajado de los 10.000 afiliados. ¿Cuánta gente forma ahora la familia mutualista?
–En estos momentos tenemos 9.548 afiliados. Altas las hay, pero son inferiores a las bajas vegetativas. Tenemos al año unas 700 bajas y las incorporaciones al Montepío son la mitad. La masa social sigue cayendo. La Junta Local de Oviedo sigue siendo la mayoritaria, seguida de Siero y Gijón. En estas tres zonas están más de la mitad de los mutualistas.
–¿Cómo ve el futuro del Montepío de la Minería?
–El futuro depende ahora esencialmente de las vacunas contra el covid. Y de cómo vayan esas campañas de vacunación, que permitan también ir ganando confianza entre la gente. Cuando la población esté segura de que tiene una protección eficaz será cuando la movilidad se comience a restablecer de verdad y se vean los efectos en el turismo y en nuestras empresas. Pero va a ser un proceso lento. No va a ser inmediato y va a ser difícil.
