El abogado Francisco Pérez Platas, defensor de uno de los investigados en el "caso pasquines" de Mieres, I. Z., aseguró esta mañana que "el reconocimiento sobre la autoría de los pasquines y de su distribución no significa un reconocimiento de culpabilidad". Asimismo, asegura que la acusación "pretende hacer una caricatura de los hechos, intentando desviar la atención sobre circunstancias totalmente accesorias como es el número de panfletos repartidos o el medio utilizado para su distribución".

Así, el dato de que se han repartido 30.000 panfletos "no es más que una mera afirmación carente de apoyo probatorio alguno y en todo caso resulta irrelevante que hayan sido 30.000 ó 15.000". También alude al hecho de que la distribución se haya podido hacer en bicicleta, andando, en coche o en “autostop”, "resulta totalmente intranscedente, obviemos por lo tanto la anécdota y vayamos a lo sustancial".

Pérez Platas expone que el debate transcendental "debe centrarse en el ejercicio del derecho de libertad de expresión y sus límites". Para el denunciante el reparto de unos pasquines supuestamente injuriosos merece un reproche penal y por ello sustenta una acusación con la pretensión públicamente manifestada de conseguir una pena de hasta 4 años de prisión. Para la defensa, la acción de I. Z. "se enmarca dentro del debate político y en el ejercicio del derecho de libertad de expresión que tal y como señala el TEDH, avala que cualquier ciudadano pueda dirigir a los políticos 'no sólo criticas inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que pueden molestar, inquietar o disgustar'”.  Asimismo, durante la instrucción se intentará acreditar que lo manifestado en los panfletos "no tiene como finalidad injuriar, sino exponer unas circunstancias que ya eran comentadas y conocidas".

Los hechos se remontan al 30 de abril del año pasado cuando Mieres amaneció "empapelado" con los 30.000 pasquines. Desde Izquierda Unida, presentaron una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Mieres. La Policía Nacional identificó a cuatro personas como presuntos autores de los hechos. Al menos dos de ellas aparecían en unas grabaciones de cámaras de seguridad que enfocaban a las calles de Mieres. Una agrupación política que se presentaba a las elecciones en el concejo dio un paso atrás por estos hechos y no concurrió a los comicios. La ciudadanía, en las urnas, acabó dando su apoyo a Vázquez.