“Estamos a la deriva”. Los vecinos del parque natural de las Ubiñas-La Mesa aseguran que llevan un lustro “sin ninguna gestión” para el espacio protegido. Son categóricos: “De parque natural y Espacio de la Biosfera tenemos los carteles y la belleza del paisaje. Nada más”.
Lo dicen porque en 2016, tras meses con el Instrumento de Gestión Integral (IGI) suspendido, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tumbó el documento tras admitir una denuncia vecinal. Desde entonces, afirman en el parque, reina “el descontrol”: licencias que se retrasan, ganaderos confundidos y zonas restringidas sin señalizar. Las consecuencias económicas, añaden, también son “muy graves”. Se han perdido más de medio millón de euros en subvenciones. Es la suma de las ayudas nominales que corresponderían a Lena, Teverga y Quirós -los tres municipios que limitan en el parque- y de otras subvenciones europeas a las que podrían acceder para la mejora de bienes particulares y espacios públicos.
Los problemas de gestión en el parque natural de las Ubiñas comenzaron antes, incluso, de esa sentencia del TSJA. El anterior plan director ya había sido rechazado por el Tribunal Supremo también tras una denuncia vecinal. Se aprobó entonces el IGI, que fue polémico desde le principio. Los vecinos de Lena llegaron a crear una plataforma porque el documento dejaba la puerta abierta al paso de la línea de alta tensión Sama-Velilla por el espacio protegido.
Pero no fue este el punto que llevó el documento a los tribunales. Fue la parroquia de Páramo (Teverga), la que denunció una serie de “incumplimientos” en el documento elaborado por el Principado. De todas las reclamaciones, el TSJA basó su sentencia en una única clave: la falta de una memoria económica para la gestión del espacio protegido. Los responsables regionales habían anunciado que se volvería a aprobar casi de inmediato, incluyendo ese único punto sobre la gestión económica.
No fue así. Se ha elaborado un nuevo documento que incluye otras novedades. Como la autorización para acampar en el espacio protegido, siempre que las tiendas se recojan al amanecer. O la protección a la figura del perro pastor, tan demandada por los ganaderos de la zona. También se ha cerrado del todo la puerta al paso de una línea de alta tensión por la zona, tal y como habían reclamado los vecinos.
“Son buenas noticias, pero siguen siendo papel mojado. Necesitamos que el instrumento de gestión se apruebe ya”, claman los vecinos. Más de un lustro ha sido “esperar en demasía”, afirman. Y las consecuencias “empiezan a ser insostenibles”.
Por las licencias de obras. “Se retrasan porque vamos de una oficina a otra. Al no tener aprobado el IGI, no hay un protocolo claro a seguir”, afirman. Algunos han esperado durante años por un permiso para renovar la portilla de una finca. También por las zonas restringidas: “Hay mucho turismo, especialmente desde la crisis del covid-19, y no se han establecido las zonas restringidas”. El buen cuidado del parque, que se ha mantenido sin alteraciones durante los últimos años, recae sobre la buena fe y la disposición de los vecinos.
Unos años que les pasan ya factura. Y con números redondos: el casi medio millón de euros en ayudas se han perdido. Las más fáciles de contabilizar alcanzan los 360.000 euros. Por cada año sin gestión, cada municipio con terrenos protegidos en el parque pierde 20.000 euros para invertir en la zona de parque natural. Además, los vecinos estiman que se han quedado sin cerca de 50.0000 euros –unos 10.000 euros anuales– de otras convocatorias de ayudas. Son, principalmente, las que llegan de Europa para la mejora de espacios protegidos. Tanto para particulares –que incluyen la mejora de bienes inmuebles– , como para las administraciones regional y local.
Las consecuencias
- Licencias. Los vecinos aseguran que la petición de permisos para realizar obras, aunque sean menores, se eternizan sin un plan de gestión. “No hay un protocolo claro”, afirman.
- Las restricciones. Las zonas de especial protección no están señalizadas. El buen cuidado del parque, que se ha mantenido en los últimos años, recae en la disposición de los vecinos.
- El turismo. Los vecinos exigen medidas urgentes ante el incremento de turistas. Han recibido muchos visitantes, “de forma casi masiva”, desde la crisis sanitaria del coronavirus.
- Economía. La falta del IGI también ha pasado factura económica. En concreto, según los datos oficiales y las estimaciones de los vecinos, se han perdido cerca de medio millón de euros en ayudas.
