El sindicato SOMA-FITAG-UGT reclama “más celeridad” en la restauración de minas para emplear “cuanto antes” a los excedentes de la minería. Así lo afirmaron ayer los responsables de la central, tras informar de que el Plan de Restauración Ambiental para Zonas Afectadas por el Cierre de Instalaciones de Carbón –incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia– cuenta con una financiación de 150 millones de euros.
Es una partida que, a juicio de los responsables del SOMA, que lidera José Luis Alperi, “permitirá su puesta en marcha rápidamente, y mitigará el impacto en el empleo a corto plazo, en unas zonas muy castigadas por la pedida de empleo”. Pero quieren un paso adelante. El necesario para “elaborar un nuevo instrumento ligado a dicho plan europeo, que simplifique los procedimientos administrativos a todos los niveles”. Principalmente, añadieron, entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Este instrumento tendrá como objetivo “salvaguardar y permitir parcelar las actuaciones de restauración medio ambiental”. En definitiva, para que los plazos se acorten.
Importa mucho al sindicato la planificación y los fines que se consigan tras estas actuaciones. “Para nosotros resulta primordial abordar restauraciones de calidad que aporten valor añadido y que permitan un aprovechamiento industrial, energético, agrícola, ganadero o forestal”. Sin olvidar, añadieron los responsables del SOMA, “el posible uso turístico, deportivo o de aprovechamiento y conservación del patrimonio industrial, siempre pensando en la generación de actividad”. El prisma con el que se deberían abordar estas actuaciones, “debe ser la idea de generar beneficios para la reactivación económica y ayudar a vencer el escepticismo, ya que un paisaje lleno de ruinas industriales y zonas degradadas no facilitan la llegada de inversiones, y sólo añaden desánimo y pesimismo entre la sociedad”.
Un objetivo complejo que requiere de trabajo y también de una justa financiación. “No podemos dejar de señalar que la principal dificultad está en la situación económica y laboral de las empresas mineras”, subrayaron. La mayoría de estas empresas, explicaron, están en concurso de acreedores y en procesos de liquidación o disolución. “Por este motivo, las Comunidades Autónomas van a tener que asumir subsidiariamente la restauración de los espacios mineros; e intrínsecamente relacionado, tampoco se pueden utilizar, o no son suficientes, las garantías económicas constituidas por las empresas mineras”. Estas “garantías”, añadieron a renglón seguido, “tenían como fin asegurar las obligaciones derivadas de las autorizaciones de los planes de restauración en lo que respecta a la explotación y a las instalaciones de preparación, concentración y beneficio de los recursos minerales y del cumplimiento de las condiciones impuestas”.
Ante las dificultades económicas, el SOMA reclama más ayudas para la Administraciones regionales. “Esperamos que la nueva regulación establezca los criterios y requisitos para la concesión directa de las ayudas a las Comunidades Autónomas, donde se encuentren situadas zonas degradadas y espacios afectados por el cierre de minas. Hay que dotar a las administraciones regionales de mayor efectividad en la gestión de estas actuaciones”.
Y si alguien debe de llevar el timón del barco, al menos en Asturias, que sea Hunosa. El sindicato reivindicó que la hullera estatal se consolide como “operador de restauración medio ambiental de terrenos afectados por la actividad minera en el Principado de Asturias”. Y, una vez constituido ese “operador”, “debe de dar empleo a los excedentes de la minería”. Así está pactado, recordaron los líderes sindicales, en el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón.
La propuesta
Las propuestas que pone el SOMA-FITAG-UGT sobre la mesa tienen la vista puesta en el futuro. Desde la central consideran que se debe perseguir “el objetivo de crear nuevas oportunidades de negocio, puestos de trabajo, investigación y proyectos dentro del ámbito energético y también el medio ambiental”. Por eso, aprovechando el Plan de Restauración Ambiental para Zonas Afectadas por el Cierre de Instalaciones de Carbón, proponen la creación de un “biopolo forestal”. Es decir, un lugar para el encuentro de investigadores y nuevas tecnologías para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales de las Cuencas. Este “biopolo forestal” permitirá “acoplar los intereses y necesidades que puedan tener empresas, centros de investigación y propietarios forestales, para contribuir a una garantía de suministro de biomasa autóctona de alto valor añadido”. Recuerdan que el aprovechamiento de esta energía es una de las líneas prioritarias de la Unión Europea y que, además, permitirá “maximizar la sostenibilidad medio ambiental, y posibilitar la generación de empleo”.
