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El juez anula una multa a un langreano que los agentes pusieron por “capricho”

Fue parado y señalado como la misma persona que se saltó otro control un mes antes; tras no admitir que él era quien conducía, fue sancionado

Un control de tráfico en Langreo, en una foto de archivo.

Un control de tráfico en Langreo, en una foto de archivo. Juan Plaza

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Oviedo ha anulado una multa de 600 euros que la Jefatura Provincial de Tráfico había impuesto a conductor de Langreo al entender que la sanción se produjo de modo “irregular, arbitrario y contrario a las normas de procedimiento” y atendiendo más bien al “al mero capricho”. El hombre fue parado en un control de alcoholemia en Langreo en abril de 2019 y fue identificado por los agentes como la misma persona que se había saltado otro control un mes antes. Al ser requerido para que identificara al conductor del vehículo en aquella ocasión y negarse, fue sancionado.

Los hechos se remontan al 24 de marzo de 2019, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo de características similares al del conductor demandado. El coche siguió adelante sin detenerse a pesar de que, según los agentes, habían dado señales de que se parase. El 20 de abril de ese mismo año, los agentes pararon al conductor demandado y le realizaron un control de alcoholemia en el que dio negativo. En ese mismo control, según apuntó el abogado Alfredo García Montes, que representa al conductor, los agentes le dicen que le van a multar por no haberse detenido en el control que habían realizado el 24 de marzo, aunque el hombre niega que hubiese sido él.

Meses después le llega una denuncia –realizada el 22 de abril y formulada el 18 de junio– en el que piden que facilite la identidad de la persona que circulaba con su vehículo en el control del 24 de marzo, a lo que el conductor se niega. Ante esto, el jefe de la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico dicta una resolución el 4 de diciembre de 2019 en la que le impone una multa de 600 euros por la comisión de una infracción del artículo 11 de la Ley de Tráfico al no identificar al titular del vehículo responsable de una infracción pese a ser debidamente requerido.

El abogado Alfredo García Montes, en representación del conductor, presentó una demanda contra la Jefatura Provincial de Tráfico por la que impugnaba la resolución administrativa al alegar la vulneración del derecho del administrado a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. Asimismo, daba cuenta el abogado de la indefensión del demandante al omitirse como prueba la incorporación de los expedientes administrativos y al considerar inexistente el motivo para la sanción.

En el fallo, el juez afirma que “resulta absurdo e incoherente que la Administración requiera al demandado para que identifique al conductor del vehículo el día de la infracción que tuvo lugar el 24 de marzo cuando el agente denunciante señala que el 20 de abril lo identificó sin ningún género de dudas, por lo que era baladí el requerimiento realizado y, desde luego, no era preciso identificar a quien ya resultaba identificado”.

Tampoco alcanza a comprender el juez “la razón de la demora en la formulación de la denuncia, cuando los agentes afirmaron que el día de los hechos pudieron tomar constancia de la matrícula del vehículo, si bien esperaron a formular la denuncia casi un mes, cuando el conductor es sometido a una prueba de alcoholemia, algo que se antoja irregular, arbitrario y contrario a las normas de procedimiento, y que parece que aproxima la actuación de los denunciantes al mero capricho, decidiendo ellos cuándo van a formular la denuncia”.

Por último, duda de la presunción de veracidad de los agentes “pues resulta inverosímil su testimonio al llegar a afirmar que pudo comprobar cómo el conductor del vehículo miraba hacia los agentes por el espejo retrovisor interno, y que es sorprende tan minuciosidad en el relato de hechos, y sin embargo que no hayan sido capaces de detener el vehículo”.

Por todo esto, el juez estima el recurso del conductor y declara la nulidad de la multa por no ser conforme al ordenamiento jurídico. Además, estima que la sentencia no puede ser recurrida.

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