Varapalo judicial para la Consejería de Cultura del Principado. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado una sentencia que da al traste con los planes de reparar inmuebles históricos en la región de forma subsidiaria. Es decir, los propietarios quedan exentos de financiar la rehabilitación. Dicho de otro modo, los dueños de palacios y casonas en mal estado no podrán ser forzados a restaurarlos, como había planteado el Principado.

De momento, no será así en la emblemática torre de Soto, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y ubicada en la citada localidad allerana. Uno de los copropietarios ha llevado a juicio a la Administración regional. La sentencia es clara: el deterioro de la torre de Soto -casi ya en ruinas- deriva de principios del siglo pasado y “deben ser los poderes públicos” quienes afronten sus obras de conservación, apunta el fallo. Las labores para mantener en pie los últimos restos del inmueble están valoradas en algo más de 200.000 euros, que luego se iban a reclamar a los propietarios.

Hasta que uno de ellos dijo “basta” y llegó al TSJA. El copropietario, que prefiere permanecer en el anonimato, estuvo representado legalmente por el letrado Francisco Sánchez. “Llevábamos ya muchos años con esto”, afirmó el abogado. Tantos como más de una década, cuando el Ayuntamiento de Aller desistió de sus planes para conseguir financiación para este emblemático inmueble.

La torre de Soto data de la época medieval. Y si las obras tienen un precio de 200.000 euros, la historia del inmueble es impagable. Cuentan, mitad real mitad leyenda, que fue el lugar en el que se conocieron y “cortejaron” Alfonso VII y Doña Gontrodo. De aquel romance extramarital (el rey estaba casado) nació Doña Urraca, que gobernó la región como primera Reina de Asturias. Actualmente, queda en pie un muro. La reconstrucción del inmueble queda en manos de las fotos y, en la mayoría de los casos, de la imaginación.

“Hicimos constar en múltiples ocasiones a la Administración que nos parece muy bien que se quiera conservar este inmueble, pero que deben ser los poderes públicos quienes lo conserven”, destacó el letrado. Así, mediante escritos oficiales, hicieron llegar al Principado su permiso para acceder a la finca y “hacer las labores que consideraran necesarias”. Ni una, ni dos. Tres veces: en enero y mayo de 2019, y en enero de 2020.

No hubo respuesta. “Decidimos acudir a los tribunales porque este inmueble no es una casa o un negocio del que mi cliente pueda sacar un rendimiento. Es un edificio histórico y debe ser el Principado u otros poderes públicos quien se hagan cargo”, reitera el abogado Francisco Sánchez. Con esta premisa redactaron la demanda, que el Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite y ahora sentencia a su favor punto por punto. El fallo es firme e inamovible, contra él no cabe recurso.

“Estamos satisfechos porque supone que, por fin, tenemos la razón oficialmente. Aunque sabíamos que estábamos en lo correcto desde hace años”, destacó el letrado. Los que no estarán tan satisfechos son los responsables del Gobierno regional, que ya habían firmado un convenio con el Ayuntamiento para iniciar las obras de la torre de Soto. Una actuación que se preveía histórica: sería la primera reparación de un BIC que luego se reclamaría a sus propietarios.

Los planes del Principado quedan ahora en el aire. Igual que el futuro de este emblemático inmueble, que lleva ya varios años en la “Lista roja” del Patrimonio. Se trata de un inventario elaborado por expertos que avisa de aquellos inmuebles históricos que están muy próximos a la ruina y que requieren de una actuación “urgente”.