¿Se imagina que unos amigos le proponen hacer un crucero por el Caribe y que, cuando ya lo tiene todo pagado, se queda en tierra?. Pues eso le ha pasado a una mierense, víctima de una estafa por parte de unos conocidos. La vista oral para juzgar los hechos tendrá lugar hoy, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con sede en Oviedo. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de 22 meses de prisión para cada uno de los dos acusados de estafar presuntamente a la vecina mierense con la falsa organización del viaje.

Según expone el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos tuvieron lugar a comienzos de 2017. Entonces, los acusados, que en aquel momento tenían una relación sentimental, propusieron a la víctima hacer juntos un crucero por el Caribe, en el que iría una cuarta persona. La mujer conocía a la pareja por mantener uno de los acusados una vieja amistad con sus padres. Finalmente, se decidió y aceptó la oferta del viaje, ya que sus padres la iban a ayudar a correr con los gastos. Según explica la Fiscalía del Principado en su escrito, esa oferta era solo un pretexto para lograr que la víctima les entregara el dinero del viaje, que los acusados fingían estar organizando.

No fue esta la única estafa a esta familia. En el mes de abril del citado 2017, una de las acusadas, en connivencia su pareja, también timó presuntamente a los padres de la víctima. En este caso, les propuso que compraran un teléfono móvil a un muy buen precio. Para convencer a los padres de la víctima, la acusada les dijo que conocían al responsable del comercio donde se vendía dicho terminal. Esta propuesta fue aceptada y logró obtener otra cantidad de dinero de los padres de la víctima.

La Fiscalía del Principado considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa de los artículos 248.1, 249 y 74 del Código Penal. Por este motivo, solicita que se condene a cada uno de los acusados a un año y diez meses de prisión. Además, pide al juez que les imponga la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además del abono de las costas procesales, que deberían afrontar cada uno de los acusados.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama el pago de una indemnización conjunta y solidaria para la víctima y sus padres que cubra el dinero entregado a los dos acusados, más los intereses legales correspondientes.