C. M. BASTEIRO
Temor a un “aluvión” de desahucios en la comarca tras la crisis del covid-19. Las entidades de ayuda a las personas con escasos recursos avisan ya de que la situación es “muy complicada” y que muchas familias aguantan por la paralización de procedimientos decretada por el Gobierno central hasta el final del Estado de Alarma, como consecuencia de la crisis del covid-19. Es una mala noticia para el Nalón, que ha mantenido el tipo durante la crisis e incluso empezaba a bajar los datos: el último informe del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) muestra un descenso en los desahucios de un 15 por ciento en un año.
En números. Según los casos registrados en las salas de Langreo y Laviana, durante 2019, se dictaron 72 desahucios. El año anterior, los mismos juzgados habían registrado 85 órdenes de desalojo. El número de casos de desahucios se mantuvo estable durante la crisis en las comarcas del Nalón y el Caudal. Un equilibrio, según asociaciones relacionadas con la protección de afectados por hipotecas, que estaba muy ligado a las jubilaciones de la minería: “Son retiros altos, de los que pueden vivir familias enteras”.
Un factor que ha variado poco. Lo que sí ha cambiado, desde el pasado marzo, es la situación de un sector de la población muy olvidado: los trabajadores empleados “en B”, es decir, sin dar de alta a la seguridad social. “Son el perfil que más estamos recibiendo ahora, y muy especialmente para la ayuda habitacional”, explica Silvia Martínez, presidenta de Cruz Roja en Langreo.
No habla de cifras. Sí afirma que “Cruz Roja está en la calle y, junto a otras entidades, somos los primeros que vemos la realidad. Los que asistimos a la gente en sus peores momentos”. Momentos como los que atraviesan muchas familias que “iban malviviendo más que sobreviviendo” con trabajos sin dar de alta en la seguridad social. Para ellos no hay ni ERTEs, ni nada: “Estamos recibiendo a familias que nunca antes habían necesitado la ayuda de Cruz Roja ni de ninguna entidad. Y sabemos que hay muchas que también lo necesitan pero que no vienen por pudor”.
Las puertas están abiertas para ellos: “Estamos en un momento muy difícil y se avecinan tiempos aún peores”. Silvia Martínez reconoce que la paralización temporal de desahucios es “un parche” que terminará por reventar. “Hay muchas personas que no pueden mantener sus viviendas, la mayoría de los afectados son familias que viven de alquiler”, señala.
Los arrendatarios eran ya el eslabón más débil antes de esta crisis. De hecho, de los 72 desahucios tramitados en 2019 solo cinco eran de propietarios. El resto, de régimen arrendaticio. Fuentes del sector inmobiliario aseguran que, en algunos casos, estos datos se corresponden con “una menor estabilidad económica” de las personas que viven en renta. En otros, aunque excepcionales, hay picaresca: “Existen profesionales del ‘escaqueo’ en el pago de alquileres. Personas que van de casa en casa, dejando deudas con los arrendadores”. No son los casos, desde luego, que reciben las entidades de ayuda social en la comarca.
