Un crucero que atraca en la cárcel. Uno de los dos acusados de estafar a una vecina de Mieres con la que iban a hacer un viaje en barco llegó ayer a un acuerdo con la Fiscalía de Asturias para librarse del juicio: aceptó un año, nueve meses y un día de cárcel por un delito de estafa, además del pago del dinero que le había reclamado para ese presunto crucero que nunca desembarcó. La otra acusada, –que cuando tuvieron lugar los hechos era pareja de su presunto “compinche”–, no aceptó el pacto y fue a juicio. La Fiscalía pide una condena de 22 meses de privación de libertad. El caso quedó visto ayer para sentencia.

Tal y como reflejó la Fiscalía de Asturias en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar a comienzos de 2017. Entonces, los acusados propusieron a la víctima hacer juntos un crucero por el Caribe, en el que iría una cuarta persona. La mujer conocía a la pareja por mantener uno de los acusados una vieja amistad con sus padres. Se decidió a hacer el viaje y aceptó la oferta, ya que sus padres la iban a ayudar a correr con los gastos. Según explicó la Fiscalía del Principado en su escrito, “esa oferta era solo un pretexto para lograr que la víctima les entregara el dinero del viaje, que los acusados fingían estar organizando”.

No fue esta la única estafa a esta familia. En el mes de abril del mismo año, una de las acusadas, “en connivencia su pareja”, también timó presuntamente a los padres de la víctima. En este caso, les propuso que compraran un teléfono móvil a un muy buen precio. Para convencer a los padres de la víctima, la acusada les dijo que conocían al responsable del comercio donde se vendía dicho terminal. Esta propuesta fue aceptada y logró obtener otra cantidad de dinero de los padres de la víctima.

La Fiscalía del Principado consideró que los hechos son constitutivos de un “delito continuado de estafa” (recogido en los artículos 248.1, 249 y 74 del Código Penal). Por este motivo, solicitó que se condenara a cada uno de los acusados a un año y diez meses de prisión. Además, pidió al juez que les impusiera la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además del abono de las costas procesales, que deberían afrontar cada uno de los acusados.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclamaba el pago de una indemnización conjunta y solidaria para la víctima y sus padres que cubra el dinero entregado a los dos acusados, más los intereses legales correspondientes.

Uno de los dos acusados, por tanto, aceptó ayer las condiciones acordadas tras la negociación previa al juicio. La mujer decidió continuar hasta la vista oral, ahora espera por el fallo.