Siete décimas de soldado

El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael del Riego, natural de Tuña, en Tineo, se sublevó en Las Cabezas de San Juan con el 2.º Batallón de Asturias, reivindicando la Constitución de Cádiz y condenando el absolutismo. El rey felón Fernando VII tuvo que tragar oficialmente con la situación, pero traicionando su juramento conspiró en secreto hasta conseguir que en abril de 1823 entrasen en España los llamados “Cien Mil Hijos de San Luis”, un ejército francés mandado por Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, que restableció sus poderes y ahorcó al héroe asturiano que dio su vida por modernizar este país.

Este periodo, que se conoce como Trienio Liberal, transformó todas las instituciones españolas e incluso cambió profundamente su distribución territorial. En 1822, las provincias pasaron a ser 52. Entre las que se crearon ex novo, algunas como Almería, Huelva o Logroño quedaron para siempre; otras tuvieron una vida efímera y duraron lo que duró el propio Riego, así Calatayud, Villafranca de Bierzo, Chinchilla o Játiva.

Pero la reforma fue mucho más novedosa en las administraciones locales. Aquellos liberales, sin ser aún federalistas, defendían el acercamiento de las instituciones al pueblo y por ello multiplicaron el número de concejos hasta el punto de que el Conceyón de Lena quedó dividido nada menos que en seis, cada uno con su propio ayuntamiento. Al territorio que ahora ocupa Mieres le correspondieron dos: el propio Mieres y Villarejo.

Lo primero que nos llama la atención es conocer que el concejo de Mieres ya existió en una fecha muy anterior a la que venimos dando por buena para su independencia –abril de 1836–, que en realidad es cuando se autorizó su constitución definitiva, pero no la primera vez que obtuvo su municipalidad. De hecho, aún antes, durante la Guerra de la Independencia, ya hubo otro breve período de autonomía municipal, pero esa es otra historia.

Lo segundo es saber que Villarejo también contó entre 1820 y 1823 con su propio concejo, del que sabemos muy poco. Comprendía los territorios de la parroquia de Santa Cruz, todo el valle de Turón y la margen izquierda del río Caudal, desde Ujo hasta Loredo, incluyendo el valle de Cuna, Siana y Ablaña. Era muy extenso, pero tenía menos población que la que quedaba bajo jurisdicción de Mieres porque las zonas más pobladas eran La Villa, La Pasera, Oñón, La Peña y La Rebollada.

Otra de las cuestiones que abordaron los hombres de Riego fue la modernización del Ejército. En este sentido, el sistema de reclutamiento, que ahora suele verse como un abuso del Estado porque priva a los ciudadanos de los mejores años de su juventud y retarda su incorporación al mundo del trabajo, se vio tras la revolución francesa como una medida de progreso. Este es un debate que puede darse ya cerrado, pero hay que situarse en la época para comprender porque lo apoyaron pensadores tan avanzados como Locke o Rousseau.

Ellos proponían un ejército permanente bajo el control del poder civil y abierto al pueblo para que pudiese servir, así, a los intereses de la comunidad. Los españoles de las Cortes de Cádiz siguieron esta estela, iniciando un corpus jurídico que incluía el sistema de quintas. Fernando VII lo arrinconó disolviendo la Milicia Nacional y Riego volvió a retomarlo, añadiendo nuevas leyes para el reclutamiento.

Una novedad importante fue la de acabar con las exenciones de los privilegiados: los nobles, los religiosos tonsurados y ordenados menores, los familiares del Tribunal de Inquisición, los alcaldes y otros beneficiados del Antiguo Régimen, entraron en listas como el resto de los mozos.

Pero la idea de que todos los ciudadanos estuviesen en igualdad de condiciones chocó con la realidad y se admitió la posibilidad de que los quintos ricos pudiesen cambiar su destino pagando a los necesitados para que cumpliesen por ellos, de manera que España tuvo un ejército de soldados pobres mandados por oficiales de clase media o alta. Para acabar con este abuso, el 14 de mayo de 1821 se promulgó la ley de Reemplazo del Ejército Permanente, que prohibió la redención en metálico, pero el 3 de febrero de 1823, una Ordenanza General volvió a permitir que los más pudientes aprovechasen su dinero para quedarse en casa.

Mientras duró el Trienio, el Ejército simbolizó la libertad y la soberanía nacional, y se dio a las provincias el control sobre el proceso para elegir a los soldados. Para ello, cada Diputación tenía que dividir el cupo que le correspondía entre los pueblos de su circunscripción según el número de habitantes del censo, realizar las operaciones de los sorteos, y solucionar las dudas y agravios que pudiesen surgir de estos.

Dicho esto, podemos comprender mejor un curioso documento que se guarda en el archivo de Mieres. Se trata de una circular fechada el día de San Juan de 1822, que se recibió en el Ayuntamiento ordenando el envío de unos soldados para el reemplazo del ejército permanente de aquel año. El cupo para todo el país era de 7.983 hombres y de la provincia de Oviedo debían salir 260. Una vez hecha la división por concejos en razón de sus habitantes, al de Mieres le correspondían dos soldados y tres décimas, y al de Villarejo las siete décimas restantes para completar otro soldado.

Esta situación no era extraña y se repetía por todo el país, debido a que el cupo de cada concejo se obtenía con una operación matemática, que solía acabar con decimales: primero, se dividía la población total de la provincia por la cantidad de hombres que solicitaba el Estado; luego, el producto obtenido volvía a dividirse por el número de habitantes de cada concejo y así salía una cifra, casi siempre con décimas, por lo que había que completarla con otras décimas de un concejo próximo.

Visto el asunto con la mentalidad del siglo XXI, lo más lógico sería juntar los pedazos de soldado y exigirle uno entero a Villarejo, pero entonces las cosas se hacían de otra manera y las diferentes leyes de reclutamiento que se promulgaron a lo largo de del siglo XIX siempre tuvieron en cuenta las décimas para sortearlas por separado después que se hubiesen elegido los enteros.

La manera de organizar aquellos sorteos también era distinta a la que conocimos los quintos en la segunda mitad del siglo XX. Entonces participaban inicialmente todos los mozos solteros y viudos sin hijos, comprendidos entre los dieciocho y los treinta y seis años, incluyendo a quienes tuviesen algún motivo médico o legal para quedar excluidos. Una vez elaborada la lista, se abría un plazo de tres días para que estos presentasen sus solicitudes de exención ante la Diputación.

Después, las décimas de dos municipios que podían complementarse se llevaban a un segundo sorteo que casi siempre se hacía en el pueblo de más habitantes y a puerta abierta. Allí, se introducían en un recipiente diez papeletas numeradas del uno al diez y en otro similar otras diez, cada una con el nombre de uno de los dos concejos a razón de papeleta por décima. Por último, una mano inocente iba extrayéndolas de cada recipiente hasta que apareciese el número uno. Entonces, el nombre de concejo que coincidiese estaba obligado a aportar su soldado.

La duda entre Mieres y Villarejo se solventó el 13 de agosto de aquel 1822, en las casas consistoriales de Mieres, donde se celebró el sorteo presidido por sus alcaldes constitucionales; respectivamente don Manuel Antonio Sampil y don Mateo Álvarez. Su resultado ya es irrelevante, pero lo que sí nos gustaría conocer es dónde se reunía este Ayuntamiento de Villarejo, aunque es seguro que no fue en el palacio de los Heredia, que seguramente se mantuvo ajeno a esta novedad temporal.

Cuando los hombres de Riego cayeron en desgracia, en palabras de Gabriel Santullano, “los realistas dieron rienda suelta a una ferocidad volcánica, inconsecuente y misteriosa”. El rey declaró nulos todos los actos gubernamentales anteriores y los concejos volvieron a su organización primitiva.

Sabemos que la represión se cebó con aquellos que habían colaborado con los cambios del Trienio, incluyendo, por supuesto, a los alcaldes; primero, de una forma descontrolada y, a partir del 27 de junio de 1823, por un Decreto de la Regencia donde se determinó que todos los empleados civiles y militares que habían conservado u obtenido sus destinos en la etapa constitucional fuesen depurados en un proceso que se conoció como “purificación”.

Las listas de estos purificados estaban depositadas en el archivo de Hacienda de Oviedo, pero fueron destruidas durante la Revolución de 1934, así que no podemos aportar más datos sobre este asunto.

Suscríbete para seguir leyendo