La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de la antigua Feve en Langreo reclama al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, y a la Alcaldesa, Carmen Arbesú, una reunión para analizar los pasos que quedan por dar para reanudar las obras. El colectivo ha reclamado de nuevo, por escrito, el borrador del sexto convenio, que ya solicitó hace más de un mes. El Ayuntamiento recibió entonces el documento, que tiene que suscribir junto el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y el Principado para culminar la actuación.

La plataforma insta en el escrito presentado el pasado miércoles en el registro municipal a que se aborde “urgentemente” la reparación de viales adyacentes al soterramiento. También demanda información sobre el proyecto del PERI (Plan de Rehabilitación Integrada) comprometido para el barrio de El Puente. Esta actuación se incluirá en las obras de urbanización de los terrenos liberados con la actuación, que ejecutará el Principado dentro de la tercera fase de las obras.

La plataforma solicitó unos días antes al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial una reunión además de la inclusión del colectivo en la Alianza por las infraestructuras. El último convenio refleja que las obras de soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo se alargarán un año más allá del último calendario facilitado y terminarán en 2023. La instalación de la superestructura ferroviaria (vías, catenaria y señalización), que ejecutará el gestor ferroviario, se iniciará este año y concluirá el próximo. Esas son las fechas a las que apunta el nuevo documento, que refleja un reajuste de las anualidades.

La inversión total es de 49.529.570 euros frente a los 49.349.250 euros (180.320 euros más) del documento anterior, que fue presentado el año pasado. A los dos bloques de trabajos pendientes, la instalación de las vías y la urbanización, se destinan para este año 17,3 millones, con 25,8 el próximo y 6,4 en 2023. Las obras del soterramiento se iniciaron a finales de 2009 y permanecen paralizados desde 2017.