Al calendario de 2013 que había en los vestuarios, se le estaban acabando las hojas. Iba por octubre y era el día 28. David Moreira, allerano –de Boo –, estaba destinado en el tajo del macizo siete de la mina Emilio del Valle (en la localidad leonesa de Santa Lucía de Gordón). La jornada iba a terminar pronto. Qué ganas de volver a casa y abrazar a su hija.
Él y sus compañeros llevaban un año duro. La vía del tren en Ciñera aún marcada en negro, recordatorio de una barricada. Poco, apenas nada, habían conseguido tras las movilizaciones. Parecía imposible llegar a un acuerdo con la patronal: la histórica Hullera Vasco-Leonesa.
En eso pensaba David cuando el reloj iba a marcar la una y media de la tarde. Entonces el futuro dejó de importar, el mundo paró de repente: “Sentí un ‘bombazu’, como si la mina rompiera”. Y así empezó la pesadilla. El accidente más grave de la minería española en las últimas dos décadas. Perdieron la vida seis mineros, seis compañeros de David, uno de ellos asturiano: el lenense José Luis Arias. Tras casi ocho años de fatigosa espera para familiares y compañeros de los fallecidos, el lunes empezará la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 2 de León. En el banquillo de los acusados se sentarán 15 personas –también está acusada la empresa–, incluida la cúpula de la histórica compañía minera. El Ministerio Fiscal solicita para cada acusado tres años y medio de cárcel. Un proceso que busca responder a una pregunta clave: ¿Qué pasó aquel día en el macizo siete?
El “bombazu” que escuchó David Moreira fue una fuga súbita de grisú que inundó la galería, tras el hundimiento de la bóveda. Dejó sin aire, en un instante, a los seis fallecidos. Tenían entre 35 y 45 años. Sus nombres: José Luis Arias (de Pola de Lena), Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Roberto Álvarez y Orlando González. Otros cinco trabajadores resultaron heridos de diversa consideración. Eran mineros experimentados, dos de ellos estaban en la Brigada de Salvamento.
Qué vil, a veces, la memoria. Que obliga a volver a las heridas que más duelen. David Moreira recuerda que, tras el estruendo, él y otros compañeros corrieron “arriba” (hacia la galería en la que se produjo el accidente). “Llegué al principio de la galería y puse al autorrescatador, pero tuvimos que salir... tuvimos que salir porque había mucho gas, estábamos poniéndonos malos”. Mareos por la falta de oxígeno. No valora la fiabilidad de los autorrescatadores, solo deja claro que la concentración de grisú era “muy alta” y que la zona estaba “impracticable”.
¿Por qué se llenó la galería de grisú? Es la pregunta que responderá la justicia. Los argumentos parten de dos afirmaciones diametralmente distintas. La primera, la de la empresa. Se reflejó en un informe publicado tres meses después del accidente. Tres meses después de que las cuencas de Asturias y León se llenaran de ese silencio tan estruendoso, y tan tristemente conocido, que solo se escucha en los entierros mineros. El accidente, apunta el documento, “se debió a una emisión súbita de metano procedente de la cámara de surtiraje o postaller”.
Apunta el informe, elaborado por técnicos de la compañía, que fue un suceso “imprevisible en su magnitud y consecuencias”. Y matiza que se cumplían todas las medidas de seguridad.
El escrito de acusación de la Fiscalía de León tardó en llegar. Pero, cuando se publicó –en marzo de 2018– fue contundente. Rotundo: lo ocurrido en el pozo Emilio del Valle era “previsible y evitable”. Las condiciones del macizo siete eran “muy peligrosas”. Y continúa el escrito de acusación: hubo “omisión total por parte de los responsables para vigilar la seguridad en el taller, variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accediesen a su puesto, lo que hubiera evitado el accidente”.
Puso nombre, apellido y cargo a los presuntos responsables. Son el que entonces era presidente de la empresa Vasco-Leonesa, el vicepresidente y consejero delegado y el director general. También el responsable facultativo del Grupo Tabliza. Están acusados cinco ingenieros de minas, que ocupaban los cargos de jefe y subjefe de Tabliza y responsables del servicio de prevención de riesgos, seguridad y salvamento. Y otros cinco vigilantes de seguridad, además del delegado minero de seguridad.
La Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel para cada acusado, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y ocho presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave. También indemnizaciones de 1,1 millones para las familias de los fallecidos.
Nadie habló nunca de dinero. Porque, preguntó una vez el padre de uno de los fallecidos, “¿quién pone precio a la vida de mi hijo?”. Pero sí han manifestado, en numerosas ocasiones, que la pena es “insuficiente”. Los representantes legales de cinco de las seis familias elevan la petición hasta los siete años de prisión.
Los que querían a “los seis de la Vasco” afrontarán el lunes la vista oral con la esperanza de justicia. Y ya con la injusta condena de que no los volverán a abrazar.
