Han pasado casi ocho años desde aquella tarde del 28 de octubre en la que un escape de grisú acabó con la vida de seis mineros –uno de ellos, José Luis Arias, de Lena– en el pozo Emilio del Valle (Santa Lucía de Gordón, León). Ayer, justo cuando se inició el juicio en la sala de lo Penal número 2 de León, abogados de la defensa expusieron que faltaban documentos sobre los seguros de las quince personas que están acusadas. Entre ellos, la cúpula de la histórica Hullera Vasco-Leonesa. Solicitaron una suspensión de la vista oral que, tras recibir el apoyo del Ministerio Fiscal, terminó concediendo la jueza. Las declaraciones se retomarán en cuanto las pólizas se hayan analizado.
De las conclusiones previas, que se alargaron durante dos horas y media, se obtuvo ya un dato. Solo dos de los quince acusados estaban asegurados con responsabilidad civil. Ninguno es miembro de la directiva de la Vasco: ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el vocal estaban asegurados a título particular. Este aplazamiento es un golpe más en la angustiosa espera de las familias: “A nuestro hijo no nos lo van a devolver, pero al menos esperamos que los responsables paguen por lo que han hecho. Porque este accidente se podría haber evitado”.
Lo dijo Antonia Hernández, con una pancarta en la mano y una pena de las que no pasan en los ojos. Es la madre de Manuel Moure (uno de los fallecidos) y una de los familiares que ayer se concentraron a la puerta del juzgado. “Hemos tenido que luchar contra todo para llegar hasta aquí; verlos sentados en el banquillo es algo increíble y que nadie se esperaba”, remarcó la madre de Moure.
Una tranquilidad que les duró poco. El juicio estaba previsto para las diez de la mañana y comenzó puntual, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. La argumentación de los letrados de la defensa, principalmente del representante legal de dos de los ingenieros acusados, fue larga. Aseguraron que sus defendidos estaban cubiertos por una póliza de responsabilidad civil y que, de continuar el proceso sin tenerse en cuenta, el juicio podría declararse nulo. Una afirmación que respaldó el Ministerio Fiscal y, ya en el último momento, también uno de los abogados que ejerce la acusación particular. La jueza, ante el acuerdo de las partes, afirmó que la vista se suspendería hasta recibir la citada documentación. Antes, hizo llamar a los acusados para preguntarles al respecto.
“Toca a la justicia hacer su trabajo, porque nosotros ya no podemos hacer nada más”
Los tres directivos de la Vasco afirmaron, rotundos, que no tenían seguro de responsabilidad civil. A preguntas de uno de los letrados sobre si estaban cubiertos por una póliza de la propia empresa, el que fuera presidente de la empresa minera afirmó que “ese seguro no cubre, en ningún caso, los daños a patronal”. Tampoco los vigilantes tienen seguro particular de responsabilidad civil, ni ahora ni cuando se produjo el accidente.
El director facultativo del Grupo Tabliza sí afirmó tener un seguro de responsabilidad civil. Una póliza “del Consejo Superior de Ingenieros de Minas”. Señaló que “dio parte la empresa”. También podría estar asegurado, aunque este punto no quedó definido, el que fuera jefe del departamento de Seguridad Minera. Explicó que está asegurado por “una dirección facultativa” que asumió después del accidente, pero antes de su imputación. Esta póliza cubriría su responsabilidad civil “con carácter retroactivo”, afirmó ante la magistrada.
La jueza afirmó que la toma de declaraciones se retomará “en cuanto se hayan analizado estos documentos”. “No tendría por qué dilatarse en el tiempo, ya que pueden hacerse llegar de forma digital”, añadió. Aunque la sesión terminó sin que se fijara una fecha concreta. También tendrán que recibir y analizar, pero ya durante el proceso, otros documentos que no han sido aportados. Como las “hojas de trabajo” del turno de aquel 28 de octubre de 2013.
Los familiares recibieron, ya casi sin aliento, la noticia de la suspensión del juicio: “Toca a la justicia hacer su trabajo, porque nosotros ya no podemos hacer nada más”, señaló Manuel Moure, padre del fallecido que llevaba su mismo nombre. A la puerta del juzgado, quedaron seis rosas rojas y un “collage” con sus fotos: “En memoria de los mineros”.
