Tétrica polémica en Lena. El párroco de Campomanes ha rescindido el contrato con la empresa de enterradores que se ocupaban de dieciocho camposantos en el municipio –los que dependen de las parroquias de este sacerdote– por “prácticas irregulares”. Afirma que algunos de los operarios que acudían a hacer labores “no presentaron nunca documentación que demostrara una situación laboral conforme a la ley”. Aún más grave, aún más lúgubre: familias de la zona rural alertaron de “malas prácticas”.
Una mujer del valle del Huerna denunció a la empresa por “daños morales” por manipular restos de familiares cercanos “sin ninguna sensibilidad”
Aparecían moscas y malos olores en las tumbas de los cementerios. Hace unos meses, una mujer del valle del Huerna denunció a la empresa por “daños morales” por manipular restos de familiares cercanos “sin ninguna sensibilidad”. Desde el 1 de marzo, otra compañía se hace cargo de las instalaciones.
Años de controversia. Afirma el párroco de Campomanes, Antonio López, que los problemas empezaron hace ya un tiempo. Según su versión: “En varias ocasiones pedí documentación, contratos de trabajo o algo, a los que venían a hacer los enterramientos. Nunca se me presentó nada”. “No me atrevía a dar el paso al frente de quitar a esta empresa, porque verbalmente se me aseguraba que todo estaba en orden”, concretó el párroco. Este diario ha contactado con un miembro de la antigua plantilla que confirmó las sospechas de López: “Terminé por darme de alta en autónomos para regularizar, en medida de lo posible, la situación”, aseguró.
Empezaron las quejas vecinales. “Una vez me llamaron de uno de los pueblos del valle del Huerna para alertarme de que había un nicho mal cerrado, que el enterramiento no se había hecho bien, y que había mal olor en el entorno del cementerio”, manifestó el párroco de Campomanes. A las semanas, recibió otra llamada: “Me dijeron que de uno de los cementerios salían muchas moscas, por la misma razón. Un enterramiento no se había sellado como debería. Mantener a esta empresa era insostenible”, reconoció el religioso.
El malestar vecinal fue en aumento: “Desde luego, no es una situación agradable. Uno de mis deberes como párroco es que los cementerios estén en buen estado y que los restos de nuestros feligreses reposen con respeto y con todas las medidas de sensibilidad que se requieren”.
Y la gota que colmó el vaso. Ocurrió hace unos meses, cuando una familia de una localidad también del valle del Huerna decidió interponer una denuncia formal. Acusan a los encargados de un enterramiento de haberles causado “daños morales”. “Unos restos no se trataron con la sensibilidad y la profesionalidad que requieren estas situaciones”, confirmaron fuentes cercanas al caso.
Y el párroco de Campomanes dio un puñetazo en la mesa: “No podíamos seguir contando con esta empresa. Así que con pesar, porque llevábamos muchos años confiando en ellos, tuvimos que rescindir el contrato”. Se nombró una nueva compañía de enterradores, el 1 de marzo, que se ocupa de dieciocho cementerios.
Son casi la totalidad de los camposantos que son propiedad de la Iglesia. Salvo cuatro, que mantienen la antigua concesión. Además, en el municipio hay otros tres cementerios que son de titularidad municipal: el de la Pola y dos en la zona rural. La versión oficial del Ayuntamiento es que la polémica “es totalmente ajena” a la Administración local. La alcaldesa, Gema Álvarez (IU), afirmó que “lo único que podemos comentar sobre lo ocurrido es que en nuestros tres cementerios, los que dependen del Consistorio, todo está en orden”.
