La Consejería de Presidencia ha solicitado en el Ayuntamiento de Langreo la licencia de obra para construir el Palacio de Justicia. El Consistorio ingresará 390.000 euros por ese impuesto, lo que permitirá al sumarlo a los abonos previstos por permisos de obra de dos edificios de viviendas aliviar la reducción de ingresos municipales.

Estas previsiones de licencias para construcción ayudan “a equilibrar el presupuesto”, aseguró la Alcaldesa, Carmen Arbesú. Las cuentas municipales de este ejercicio se han visto afectadas por el cierre de la térmica de Lada. Las arcas municipales dejan de percibir 600.000 euros este año y, desde el próximo, 792.280 euros de los 850.000 euros que recibía hasta 2020. A ello se suma la caída de ingresos, lo que suma alrededor de 800.000 euros de reducción. El presupuesto asciende a 29.645.517 euros, con una reducción de 42.506 euros respecto al del año anterior. Por la obra del Palacio de Justicia, que concentrará las tres sedes judiciales de Langreo, el Ayuntamiento percibirá un 6% del presupuesto del proyecto, aseguró el equipo de gobierno. El presupuesto de la actuación que impulsa la Consejería de Presidencia es de 6,5 millones de euros. El último calendario facilitado por la administración regional para el inicio de las obras apuntaba al último trimestre de este año.

La actuación comenzará más de una década después de que el Consistorio langreano cediese la parcela al Principado para que levantase el edificio. La Consejería de Presidencia fija en 2023 la finalización de la obra del Palacio de Justicia, ya que su plazo de ejecución es de veinte meses. Para este ejercicio la Viceconsejería de Justicia ha consignado 454.500 euros en los Presupuestos regionales. En 2022 se aportarán tres millones de euros y en 2023 otros tres millones.

La nueva sede judicial se levantará en un solar ubicado en Sama, entre la calle La Nalona y Capitán Alonso Nart. Desde que el Ayuntamiento compró los terrenos se utilizan como aparcamiento. Fue en 2008 cuando el Consistorio inició los trámites para adquirir seis parcelas de diferentes propietarios. Pagó por ellas 815.000 euros procedentes de fondos mineros.

Dos años después se produjo la cesión al Principado para que iniciase las obras. En 2011 se presentó un primer proyecto, con un coste de siete millones de euros, pero quedó en un cajón y a los seis años se encargó un nuevo.