El desembarco en Rioglass Solar de Atlántica Yield, uno de los mayores operadores mundiales en el sector de las energías renovables, no está trayendo más que problemas para la plantilla de las factorías de Lena y Mieres. Tras presentar el pasado mes de abril un ERE temporal para un centenar de trabajadores, ahora pretende realizar una nueva regulación, en este caso de extinción, para 52 de sus trabajadores. Los miembros del SOMA-FITAG-UGT que forman parte del comité de empresa rechazan frontalmente esta medida, acusando a la empresa de “abandonar sus responsabilidades comerciales”. Han convocado varias jornadas de movilizaciones y paro.
La medida, siempre según el SOMA, “muestra una total falta de interés por parte del nuevo dueño, en lugar de apostar por la única fábrica a nivel mundial de espejos curvos para las plantas termosolares”. Y es que, a pesar de que el mercado mundial “tiene un futuro prometedor, a partir de julio no hay pedidos en firme, algo que se deben básicamente al abandono de las responsabilidades comerciales y de planificación de la dirección”.
La propuesta de la empresa es un ERE de extinción para 52 trabajadores, mientras que “da pocas certezas para otros 16”. Esto “oculta el cambio de empleo fijo, estable y de calidad, por empleo temporal y precario, teniendo una plantilla donde los contratos fijos sean mínimos y los temporales sean quienes aborden la fabricación, en unas condiciones de salarios bajos, empleo precario e inseguridad”. Un modelo que rechazan totalmente desde el SOMA “porque la especialización de esta empresa se debe, en gran medida, a la profesionalidad de sus trabajadores”.
Por ello, “tanto si se trata de una restructuración encubierta para mejorar costes, como si se trata de una posición maximalista para afrontar la negociación”, el sindicato rechaza la propuesta del ERE de extinción, “así como las recolocaciones ofertadas en condiciones difíciles de asumir por ningún trabajador, dada la pérdida económica y de condiciones de vida que supone para ellos”. El sindicato también se remite a los alcaldes de Mieres y Lena, donde se ubican las factorías, así como a los gobiernos regional y estatal para pedir ayuda.
