La justicia se ha pronunciado sobre la gestión del Conservatorio Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés”. El recurso presentado por la Mancomunidad Valle del Nalón contra el Principado ha sido desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) pero abre la puerta para que el ente supramunicipal pueda seguir prestando el servicio con soporte legal de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local. El riesgo de incurrir en una gestión impropia era una de las preocupaciones de la Mancomunidad. La sentencia refleja que la administración autonómica no está obligada a asumir el centro.
El tribunal aclara además que el organismo comarcal podría seguir prestando este servicio en base al artículo 7.4 de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local. Para ello necesita un informe del Principado que constate que no se duplica ese servicio en la comarca. También se requiere un documento que refleje que existe suficiencia presupuestaria para prestarlo.
Señala la ley que las entidades locales “solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal” y “no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública”. Indica, además, que “serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias”.
El ente comarcal justificó el recurso presentado debido a la normativa estatal aprobada en 2013 sobre competencias impropias. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local motivó un cambio en los estatutos de la Mancomunidad para excluir tanto el servicio del Conservatorio como el de matadero. Esta modificación se llevó a cabo en 2015 e incluyó un apartado en el que se establecía que aquellos servicios que se seguían prestando en la Mancomunidad y que no le correspondían deberán ser suprimidos o transferidos a otras administraciones. Si bien podrían seguir gestionándolos de forma transitoria hasta que acabasen los procedimientos de liquidación o transferencia.
Tras la negociación con la Consejería de Educación, la Mancomunidad dio el paso y acudió a los tribunales en 2018. El Pleno de la Mancomunidad acordó iniciar el proceso contencioso-administrativo. Meses después quedó paralizado para intentar buscar un acuerdo con el nuevo Gobierno regional pero, al no lograrse, el recurso fue reactivado. En medio de la batalla de competencias, están alrededor de 200 alumnos y 23 trabajadores. Desde que se inició el conflicto se puso en marcha una campaña de movilizaciones por parte de la “Plataforma Ciudadana de apoyo al Conservatorio”, que reclamaba que se paralizase la demanda y se retomase la negociación política. La Mancomunidad analizará en los próximos días los pasos a dar tras el fallo.
