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La Mancomunidad reclama al Principado mayor aportación para el Conservatorio

La sentencia del TSJA es “aclaratoria y positiva” al constatar que el ente comarcal puede seguir gestionando el centro, afirma el presidente

Una de las actividades organizadas para protestar por el litigio planteado para dirimir la gestión del Conservatorio.

Una de las actividades organizadas para protestar por el litigio planteado para dirimir la gestión del Conservatorio.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre la gestión del Conservatorio es “muy aclaratoria y positiva”, aseguró el presidente de la Mancomunidad Valle del Nalón y alcalde de Sobrescobio (PSOE), Marcelino Martínez. “Buscábamos que el tribunal nos dijese a quién correspondía la competencia ya que teníamos dudas de si podíamos incumplir la normativa estatal de 2013 si seguíamos asumiendo el centro”, destacó.

El recurso presentado por el ente supramunicipal contra el Principado fue desestimado por el tribunal pero abre la puerta a que el organismo comarcal pueda seguir prestando el servicio con soporte legal de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local. Para ello necesita un informe del Principado que refleje que no se duplica el servicio. A este se suma otro que refleje que existe suficiencia presupuestaria para prestarlo. El fallo constata que la administración autonómica no está obligada a asumir el centro.

La Mancomunidad, que analizó ayer la sentencia en una comisión informativa, solicitará una reunión con la consejera de Educación, Carmen Suárez, para “pedir más financiación” para el Conservatorio. La aportación anual para el equipamiento ronda los 600.000 euros anuales, de los que 180.000 provienen del Principado, apuntó Martínez. El resto lo destinan los Consistorios en su mayor parte y las familias. “Desde hace años la aportación regional se viene recortando y los ayuntamientos aportamos una cantidad económica importante”, dijo el presidente del ente supramunicipal que aludió a que la cuantía del Principado llegó a los 250.000 euros.

Contra la sentencia se puede presentar recurso de casación. La Mancomunidad, formada por los cinco ayuntamientos del Valle (que están gobernados por el PSOE), aún no ha decidido si lo hará aunque Martínez apunta a que “creemos que debemos descartarlo”. Aún así se consultará con los servicios jurídicos. “Este es un servicio imprescindible y muy importante que seguiremos dando”, indicó para añadir que “nunca se nos pasó por la cabeza que desapareciese el Conservatorio, solo queríamos saber de quién era la competencia”.

En la reunión celebrada en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se escucharon críticas por parte de los concejales al no haber sido facilitada la sentencia con la convocatoria de la comisión informativa. “Expusimos nuestra queja por no disponer de la documentación”, aseguró el edil de IU, Julio Antuña.

UGT exige que se abandone la vía judicial

UGT afirmó que la judicialización de la gestión del Conservatorio “solo ha servido para malgastar dinero público, generar crispación y poner en peligro la continuidad del centro”. Por eso, el sindicato, que tiene representación en la Mancomunidad Valle del Nalón, exige al ente supramunicipal que “abandone ya la vía judicial”. Reclama además que “la opinión pública conozca el gasto total” que se ha generado al recurrir a los tribunales. UGT Servicios Públicos señaló que “a los gastos judiciales hay que sumar la cantidad que se dejó de ingresar estos dos años”. Todo ello, añadió, “resultado de una nefasta gestión política”. El sindicato lamentó que “se haya perdido la oportunidad de aumentar” la cuantía que recibe el Conservatorio del Principado. Una cantidad que el anterior consejero de Educación, Genaro Alonso, se comprometió en abril de 2019 a “aumentar”, comentó. UGT reclamó a los representantes políticos que “retomen la negociación (que nunca debió romperse)” con el Principado para aumentar la subvención al centro, que, afirmó, “lleva 10 años reducida al 50 por ciento”. Denuncia además el “oscurantismo” de los dirigentes de la Mancomunidad ya que los empleados no recibieron información tras retomarse la vía judicial.

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