El Gobierno del Principado será “riguroso” a la hora de velar por el cumplimiento de todas las normativas ambientales que puedan tener incidencia en el proyecto de transformación de la térmica de La Pereda en una central de biomasa con autorización para quemar combustible sólido recuperado (CSR), posibilidad, ésta última, que rechazan tajantemente los vecinos.
La viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, y el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Pablo Álvarez Cabrero, mantuvieron ayer una reunión con representantes de asociaciones de vecinos de la zona norte de Mieres. El tema central fue el proyecto de Hunosa.
Roqueñí destacó que, en el marco de los trámites relacionados con este proyecto actualmente en curso (la evaluación de impacto ambiental y la modificación de la autorización ambiental integrada), el Principado “garantizará que los niveles de emisión de contaminantes estén dentro de los límites que fijan los documentos de mejores técnicas disponibles y publicados por la Unión Europea para este tipo de instalaciones”.
Recordó que estas normativas “son más exigentes que las aplicados actualmente en la central con la quema de carbón”. La Viceconsejera también señaló que la instalación dispondrá de “dispositivos de medición en continuo y para un mayor número de contaminantes que en la actualidad”. Igualmente recalcó que la iniciativa que actualmente se está desarrollando desde el Gobierno de Asturias para mejorar la calidad del aire en la zona central, el Plan Estratégico de la Calidad del Aire, incluirá “objetivos para la zona de Mieres”. Del mismo modo, la responsable regional comunicó a los vecinos el propósito de la Administración regional de contestar cuando antes a las 2.500 alegaciones presentadas contra el proyecto de Hunosa.
