Ana Fernández abre la ventana y deja que entre el fresco de primera hora. Huele a hierba cortada y a la lluvia de ayer. Ese será su entorno para teletrabajar hoy.
Un lujo para ella, y también para el pueblo de Llamas (Aller). Desde la crisis del covid-19, esta allerana asentada en Gijón vuelve siempre que puede a su pueblo natal. Sus dos hijos, y otros niños que están veraneando, dan vida a unas calles antes apagadas. Se cuentan por cientos los que han tomado la decisión de volver –si no definitivamente, siempre que es posible– a sus casas de la zona rural de las Cuencas. Piden un “esfuerzo” a las administraciones y a las compañías telefónicas para mejorar las conexiones: ven “inviable” dar vida a los pueblos sin asegurar los medios para el teletrabajo. Es una reclamación que llevan meses abanderando hosteleros y empresarios de la zona.
“Hoy funciona de lujo”, dice Ana Fernández, señalando con la cabeza a su móvil. Y especifica “hoy” (por ayer), porque el valle de Casomera y otros puntos del alto Aller estuvieron quince días sin datos ni cobertura móvil para varias compañías. La avería afectó, según fuentes de una de las empresas de telefonía, a cerca de mil personas: “Fue un fastidio”, apunta Ana Fernández, que es ingeniera industrial y trabaja en una empresa de Gijón.
Un fastidio que le impidió disfrutar de su pueblo a ella y a sus hijos. Además, está pagando el máximo en la tarifa de su móvil para poder compartir los datos a través de wifi: “Me dijeron que sí podrían compensarme por estos días sin servicio, pero no será una compensación real. Tuve que desplazarme a Gijón los días que los niños se quedaron con mi madre mientras yo trabajaba. A ellos no los quise privar del pueblo por un problema mío”, señala.
Tiene buena red, pero no trabaja tranquila: “Siempre estás en vilo, pendiente de la cobertura por si tienes que ir a trabajar presencial en el momento que menos te lo esperas”. Es una queja que se repite en toda la zona rural. De hecho, ayer por la mañana –tras unas precipitaciones débiles– los municipios de Caso y Sobrescobio registraron averías en la red móvil. “Pedimos a las compañías telefónicas que pongan de su parte, porque no todo está en manos de las administraciones”, destacan los afectados.
La cobertura móvil es clave en estos tiempos de teletrabajo rural. ¿Por qué? Tan fácil como que los datos del móvil, compartidos a través de wifi, siguen siendo la única opción de internet para muchas localidades de las Cuencas. Allá donde no llega el satélite, ni el ADSL. En esos rincones en los que la fibra óptica ni se sueña. “A veces abusan porque solo llega una compañía”, señala una vecina de Casomera que pasea por Llamas, y se cruza con Ana Fernández en la puerta.
El “abuso” tiene cifra: más de cien euros de factura para internet básico y tres teléfonos móviles con datos limitados. Porque, como ocurre en algunos puntos del valle de Casomera, los vecinos se ven obligados a contratar la telefonía fija e internet con una compañía; y la red móvil con otra, por la falta de cobertura.
“Esto lo tienen que mejorar. Pero si las compañías no ponen de su parte... es difícil. Tiene que ser un acuerdo entre compañías y administraciones”, consideran los vecinos. La Administración regional anunció a principios de este año el Plan de Extensión de la Banda Ancha (PEBA) de nueva generación. Cuenta con una inversión de 12,5 millones de euros y permitirá dar cobertura a más de 42.800 viviendas y empresas. En las Cuencas, según el listado oficial, la fibra óptica llegará a 303 localidades. Se prevén trabajos en los municipios de Aller, Langreo, Laviana, Mieres, Morcín y San Martín del Rey Aurelio. El municipio más favorecido por el plan será San Martín (con 106 localidades beneficiadas), seguido por Langreo (62) y Laviana (62).
Una buena noticia a medias. Porque, actualmente, aún están pendientes actuaciones de anteriores ejercicios en el municipio de Caso. En Sobrescobio, las labores para la llegada de la fibra óptica ya están concluyendo. En las Cuencas, en el año 2020, había 30.000 vecinos viviendo en “zonas blancas”. Así denomina el Gobierno central en aquellos lugares que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación en el plazo de tres años.
