Hace algunos días, escribía yo en este periódico (LA NUEVA ESPAÑA, 16-07-21) un artículo con el mismo título del que ahora me dispongo a escribir una segunda parte del mismo, y ello se produce como consecuencia de algunas peticiones a través de las redes, para que aclarara ciertos aspectos referidos, tanto a la generación del “baby boom” (ocho millones de trabajadores nacidos entre 1960 y 1975), la cual, según el ministro, no tendría más remedio que trabajar más o cobrar menos, como a la eliminación del tan cacareado factor de sostenibilidad, aunque sería el propio ministro quien saldría de inmediato para decir que ese día no había estado muy afortunado en sus manifestaciones, aunque la cruda realidad fue que acababa de descubrir el crimen que el gobierno, junto con la troika CEOE, CC OO y UGT, llevaban a efecto el pasado 1 de julio de 2021.
Es decir, ese día, después de sufrir la humillación y el bochorno, el ministro había roto la táctica del presidente Sánchez, descubriendo el crimen que el gobierno tenía enfriando en la “piedrona” a la vez que revelaba que el acuerdo firmado a bombo y platillo no era más que una llamarada de fumo, donde lo importante quedaba por determinar. Mero teatro, encaminado, por una parte, en el interior, a la publicidad y la propaganda, y en el exterior, a contentar a Bruselas transmitiéndole la idea de que se está camino de la reforma, pero dejando sin concretar lo principal, que también será lo más negativo, dado que no se piensa modificar el esquema clásico de la separación de fuentes de financiación, esto es, ir aceptando poco a poco la convención de que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales prescindiendo de las aportaciones del Estado. Por cierto, ¿por qué preocupa tanto el equilibrio presupuestario de las pensiones, y no el de la Casa Real, la Iglesia, el Ejército o la Policía?
Hablemos claro. Lo que realmente está en crisis es el Pacto de Toledo, no las pensiones públicas, pero desde los inicios de la crisis, el lobby de los planes de pensiones privadas incrustado en el Gobierno ha encontrado en la Comisión Europea un aliado ideal para seguir recortando prestaciones a la vez que alargando el tiempo de trabajo necesario para acceder a una pensión en vez de abordar el problema en toda su profundidad. Así, en el año 2010, el ultimátum de la CE al gobierno de Zapatero llevó a la congelación de las pensiones contributivas y, un año después, a la ley de reforma de la Seguridad Social, que retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67 años, entre una batería de medidas que hacían mucho más complicado el acceso a una pensión o a cobrar la pensión máxima.
En 2013, el Gobierno de Rajoy ponía las cosas todavía más difíciles con su “decretazo”, que endurecía las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, amén de una merma constante en el poder adquisitivo al desvincular la actualización de las pensiones de la inflación, de tal manera que, gracias a las reformas realizadas por Zapatero y Rajoy en 2011 y 2013, los pensionistas perdían en 2017 la cantidad de 1.200 millones de euros, una media de 200 euros por cada uno de ellos, logrando, con la introducción del factor de sostenibilidad a partir de 2019, centrar los debates en la “insostenibilidad” del sistema público, aunque pasando por alto la falta de garantías y la grave crisis donde se encontraban y se encuentran los planes de pensiones.
Solo a modo de ejemplo, el colapso de la empresa energética Enron ha servido, entre otras cuestiones, para poner de relieve la vulnerabilidad de las amplias capas de la población cuyas pensiones están ligadas al régimen de ahorro tan característico de la economía neoliberal, afectando la quiebra no sólo a los empleados de Enron, sino también a decenas de millones de titulares de planes de jubilación y de planes de pensiones de beneficio definido. La impotencia de los trabajadores de Enron y de todos cuantos tenían invertidas sus pensiones en acciones y bonos de la empresa forma parte del funcionamiento normal del actual régimen de ahorros que se trata de implantar en nuestro país.
Efectivamente, siendo verdad que se ha eliminado el factor de sostenibilidad, no es menos cierto que el mismo se ha sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional, que tiene, no nos engañemos, los mismos efectos, uno que otro, esto es, el ajuste y los recortes, aunque también es verdad que será a partir del 2022. Ese es el numerito al que se han prestado las élites del sindicalismo mayoritario de UGT y CC OO.
Del tema de las pensiones, el Gobierno y sus compinches han escogido aquellos elementos menos problemáticos, posponiendo para más adelante los ajustes y los recortes. Y esto esta ocurriendo, después de repetir por activa y por pasiva que los fondos europeos llegaban sin condiciones. Sin embargo, cada día resulta más innegable que cuando pase el tiempo de la calentura en el que todo son facilidades para gastar, motivado por ese intento de que se recupere la economía española, Bruselas retornará a sus dogmas para imponer sus límites y restricciones que, en absoluto, serán suaves, teniendo en cuenta el endeudamiento público en torno al 130% del PIB. Endeudamiento que solo se puede mantener por el apoyo del BCE, pero a condición de que la situación sea muy inestable, y seamos totalmente dependientes de esa institución.
Camino equivocado
En definitiva, el acuerdo firmado apenas recoge ninguna novedad importante. Tan solo nos confirma que se va a continuar por un camino equivocado, y que además no se ha despejado qué medidas se van aplicar para transitar por esa ruta. También es verdad que la actualización anual de las pensiones por el IPC nos lo están vendiendo como el principal avance del acuerdo, pero lo cierto es que en los últimos años apenas si tenía algún impacto presupuestario, dada la escasa cuantía de la inflación. Eso sí, seguirán vendiéndonos la moto de que con esta ley se garantiza la actualización para el futuro, pero tal aseveración constituye un espejismo, porque una ley se cambia con otra ley y no se puede asegurar que en caso de crisis o de que se dispare la inflación no se vaya a modificar lo que ahora se establece. De hecho, a pesar de que con anterioridad a la crisis de 2008 estaba establecida la actualización por el IPC de las pensiones, ello no fue ningún obstáculo para que Zapatero las congelase en 2010. Mientras el modelo no se modifique y se garantice la aportación del Estado, siempre existirá una espada de Damocles sobre las prestaciones que reciben los jubilados.
Además, este acuerdo que no busca sino “acallar” y “dividir” al movimiento de los pensionistas, en absoluto contempla que, en un país como España, con una tasa desproporcionada de paro, que además, en buena medida es crónica, alargar la vida laboral tendrá un efecto negativo sobre el empleo, y en definitiva sobre el presupuesto del Estado, si no se quiere dejar en la indigencia a los parados, aunque después del fracaso vergonzoso del Ingreso Mínimo Vital, todo es posible, sin olvidar que el 49,9% de las pensiones, esto es la mitad, no llega a los 667 euros mensuales, el límite que marca la exclusión social, según el último informe de la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
