El juicio contra el hombre acusado de abuso sexual y coacciones a una mujer en Langreo, previsto para ayer, fue finalmente suspendido por falta de informes y el juez decretó su libertad provisional, con la oposición de la Fiscalía, según aseguraron fuentes judiciales.
El procesado (nacido en 1997), que se encontraba en prisión provisional, tiene tres condenas anteriores por abuso sexual. Dos de ellas son de 2016 y otra del pasado mes de junio. El acusado será citado de nuevo al juicio rápido cuando se disponga de la documentación.
La Fiscalía solicita una condena a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual con multirreincidencia y coacciones. El acusado se encontraba en el parque Dorado de Sama el 20 de octubre pasado a las once de la noche y se aproximó a una joven cuando atravesaba la pasarela peatonal sobre el río Nalón, desde el paseo de Los Llerones hacia el centro del distrito langreano.
Una vez que llegó a su altura, sostiene la Fiscalía, “tras preguntarle la hora, sin mediar palabra, la abordó físicamente, le agarró el brazo izquierdo y comenzó a tocarle repetidamente el pecho hasta que la joven consiguió zafarse, al tiempo que el acusado le hacía comentarios de contenido sexual”. La víctima se vio obligada a acelerar el paso dado que la seguía. Cuando se adentró en el centro urbano, el acusado, situado a mayor distancia y ante la eventualidad de situarse a la vista de terceras personas, huyó de la zona.
El Ministerio público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de abuso sexual y de coacciones y que concurre la circunstancia agravante de multirreincidencia respecto del delito de abuso sexual. La Fiscalía solicita que se condene al acusado, como autor de un delito de abuso sexual con multirreincidencia, a una pena de tres años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente y de comunicación con la joven a través de cualquier medio durante cinco años. Asimismo, pide cinco años de libertad vigilada.
El Ministerio público pide, además, como autor de un delito de coacciones, la condena de un año de prisión, con prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente y prohibición de comunicación a través de cualquier medio durante dos años.
