La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un empresario acusado de colocar un geolocalizador remoto en el coche de un empleado para conseguir información sobre sus desplazamientos y actividades.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado (1965), el 5 de diciembre de 2020, suscribió́ la contratación de una línea de telefonía móvil con la empresa República Móvil, Orange España. Seguidamente, y durante el periodo comprendido entre el 5 de diciembre y el 13 de diciembre de 2020, instaló la tarjeta en un dispositivo de geolocalización remota, que colocó adosado al tubo de escape del vehículo de propiedad y habitualmente utilizado por su empleado con ánimo de obtener información sobre sus desplazamientos, actividades y ocupaciones privadas.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la intimidad/uso de artificio técnico de trasmisión de señal de comunicación, del artículo 197.1 del Código Penal.
Y solicita que se condene al acusado a 18 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y 18 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Costas.
