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La primera denuncia de un bar asturiano por pérdidas en la pandemia, lista para sentencia

El abogado de los demandantes lenenses argumenta que “los políticos que ordenaron el cierre sí cobraron mientras el parlamento cerró”

Belén Domínguez y Antonio Rueda, en su bar de Carabanzo.

La demanda contra el Principado presentada por los propietarios del bar La Caleya por el cierre impuesto a la hostelería durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, ya está solo pendiente de sentencia. Tras no haber acuerdo entre las partes durante el proceso abreviado, será la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo quien decida si fructifica la que ha sido la primera reclamación patrimonial contra la Consejería de Salud por las pérdidas sufridas durante el citado periodo.

“Este pleito no es determinante por su cuantía, sino por sentar un precedente, para que ningún autónomo tenga que verse obligado a echar la persiana sin saber si el mes siguiente podrá pagar su hipoteca o el recibo de la luz”, destaca Víctor Ferreira, abogado de los propietarios del bar lenense, ubicado en Carabanzo. El letrado lamenta que, en su escrito de contestación a la demanda, el Principado de Asturias “ha seguido enrocado en pretender descontar de la hipotética la indemnización los 1.500 euros que la hostelera percibió como ayuda covid”. La acusación sostiene que “ese dinero era una ayuda por los meses cerrados, las restricciones de horario, de aforo... porque recordemos que además del mes y medio cerrados, durante meses tuvieron que cerrar varias horas antes de la estipulada por licencia, y reducir su aforo al 30 por ciento, incluso estuvieron también varios meses sin poder servir en barra”.

En total, Belén Domínguez y Antonio Rueda Jiménez reclaman al Principado 2.278,36 euros, que es la cantidad estimada del dinero que no pudieron ingresar por estar cerrados al público. La reclamación presentada por el despacho de abogados Pérez Luengo, en Gijón, está basada en que “ningún particular tiene la obligación de soportar un bien público como es la salud pública, sino que debemos de ser el conjunto de los ciudadanos a través de la administración”. Ferreira destaca que los citados hosteleros lenenses “no fueron responsables del virus y en caso de que el cierre de sus negocios fuera necesario para mantener un bien común, como es la salud pública, debe ser la administración, como representante del conjunto de la ciudadanía, quien lo asuma”. Y añadió: “ Los políticos que ordenaron y respaldaron los cierres, sí percibieron sus sueldos íntegros mientras el parlamento asturiano estuvo cerrado”.

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