El SOMA-FITAG-UGT acaba de presentar sus aportaciones a la convocatoria de la tercera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables. En esencia, el sindicato propone reservar una potencia concreta para adjudicar a aquellas instalaciones de biomasa situadas zonas de transición justa, como es la comarca del Caudal. “Para nosotros, sigue siendo imprescindible incluir el proyecto de la central térmica de La Pereda en ese futuro sistema de generación con energías renovables”, señaló el sindicato.

El SOMA esgrime que el Plan de Hunosa 2019- 2027 tiene como objetivo posibilitar una transición desde la actual estructura de la empresa, esencialmente minera, hacia una basada en actividades en el campo de la energía y del medio ambiente, que posibiliten su estabilización a largo plazo. Un documento que, en este mismo sentido, “tiene como elemento angular y fundamental, la hibridación de la térmica de La Pereda para utilización de biomasa, principalmente, así como un cierto porcentaje de combustible sólido recuperado (CSR)”.

El SOMA reclama que se garantice “la principal actividad de la empresa, en términos económicos, como es la central térmica” de Mieres. Para ello, subrayan, “es imprescindible el acceso de Hunosa a esta tercera subasta de renovables, así como la inclusión de la central de La Pereda en ese futuro sistema de generación con energías renovables”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sometido a información pública la resolución que convoca la citada tercera subasta para energías renovables (REER). En esta ocasión se subastarán 500 MW (megavatios) repartidos en 200 MW para solar termoeléctrica, 140 MW para solar fotovoltaica distribuida, 140 MW para biomasa y 20 MW para otras tecnologías, en la línea de dar cumplimiento al calendario de 2020 a 2025 que establece la Orden TED/1161/2020, con fecha prevista para el próximo mes de abril.

“El cierre de centrales térmicas de carbón tiene un fuerte impacto, no solo en la situación económica de determinadas comarcas de España en las que los ciudadanos dependen de los puestos de trabajo generados directa o indirectamente por estas centrales de producción, sino que también implica una reducción significativa en la capacidad de generación gestionable y de la reserva rodante”, indica desde el SOMA.