Los archivos son siempre una fuente fundamental para la investigación histórica, pero desde hace pocos años también ayudan a quienes, sin ser historiadores, sienten inquietud por conocer un poco más sobre sus antepasados recientes, especialmente si tienen noticias de que intervinieron en la revolución de Asturias, combatieron en el bando republicano durante la última guerra civil o fueron perseguidos por sus ideas políticas. Esto es así porque al contrario de lo que ocurrió con quienes se pusieron del lado del franquismo, los perdedores tuvieron que ocultar su pasado y el miedo a las represalias hizo que muchas veces el silencio imperase incluso dentro de las propias familias.
La red de establecimientos donde se pueden buscar estos datos resulta compleja para los no iniciados. Quienes quieran confirmar lugares de nacimiento o defunción, o saber las fechas en las que se produjeron, deben acudir a los registros locales, o en su defecto –sobre todo en la Montaña Central, donde faltan algunos que fueron quemados– al Archivo Histórico Diocesano. Este se inauguró en 1979 para salvaguardar los libros de las parroquias por iniciativa de don Gabino Díaz Merchán, el mejor obispo que ha tenido nuestra tierra. Está situado en el edificio del Palacio Arzobispal, en la Corrada del Obispo de Oviedo y lo dirige el incombustible canónigo Agustín Hevia Ballina.
Lógicamente, otro depósito imprescindible es el Archivo Histórico Provincial de Asturias, que tiene su origen en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo creado en 1956 por el Ministerio de Cultura. Estuvo primero en el Palacio del Conde de Toreno, que también albergaba a otras instituciones culturales; en 1972 se trasladó al Monasterio de San Pelayo y cuando la cantidad de material ya hizo necesario habilitar otra sede más adecuada se emplazó definitivamente en la antigua Prisión Provincial de Oviedo. El Principado de Asturias asumió su gestión en 1988 y además de documentos originales conserva también copias en microfilm de fondos asturianos que están en otros lugares como el Catastro del Marqués de la Ensenada o los depósitos del Archivo General de la Guerra Civil Española.
Ahora deben saber que si necesitan buscar algo más específico deben desplazarse o solicitar el resto de la información a otros archivos especializados repartidos por todo el país. Uno de los que reciben más solicitudes es el Centro Documental de la Memoria Histórica, sito en Salamanca, que depende del Ministerio de Cultura y Deporte y reúne los fondos del periodo comprendido entre 1936 y 1978.
Para que conozcan todos los pasos debo remontarme a 1979. En ese año se adscribió al Archivo Histórico Nacional una Sección denominada “Guerra Civil” para concentrar los documentos incautados a consecuencia de la guerra y los generados posteriormente por algunos de los órganos represivos de la dictadura. Ya en 1999 este fue el núcleo que sirvió para crear el Archivo General de la Guerra Civil Española y en 2002 se estableció el funcionamiento y competencias del Centro de Estudios y Documentación sobre la Guerra Civil Española dentro del propio Archivo General.
Pero por encima de todos hay un lugar concreto en el que hoy quiero detenerme: el Archivo Intermedio Militar Noroeste de Ferrol. Y voy a contarles por qué los asturianos debemos ir a buscar una parte importante de nuestros fondos documentales hasta Galicia sin que se haya conservado aquí ninguna reproducción de los originales, porque este hecho tiene una historia y unos responsables.
Este depósito custodia las causas y procedimientos correspondientes a los órganos de justicia militar del noroeste de la península pertenecientes al Tribunal Militar IV con sede en La Coruña y entre ellos lo relativo a los juicios militares celebrados en Asturias en los acontecimientos decisivos del siglo XX: revolución de octubre de 1934, Guerra Civil y años de la posguerra.
Ahora les explico que estos fondos dependen del Ejército de Tierra y concretamente del Instituto de Historia y Cultura Militar. La institución tiene en su cadena orgánica cuatro Archivos Generales Militares (Ávila, Guadalajara, Madrid y Segovia). Todos son importantes, pero para el asunto que hoy estamos tratando, lo es más el de Ávila, ya que allí se encuentran los fondos de las dos zonas de la Guerra Civil, las Milicias Nacionales y la División Azul.
También existen ocho Centros de Historia y Cultura Militar y cada uno de ellos tiene un Archivo Intermedio Militar. El de Ferrol es uno de ellos y en él se guardan los fondos de las Comunidades Autónomas de Asturias; Castilla y León; País Vasco; La Rioja; Cantabria y Galicia.
Está situado desde el 27 de mayo de 1996 en el Establecimiento militar “Baluarte”, una magnífica fortaleza de finales del siglo XVIII en la que también se ha habilitado una residencia de oficiales. Cuenta con 13 depósitos, 7.600 metros lineales de documentación y 57.000 unidades de instalación, es decir cajas, carpetas, legajos u otro tipo de sistema de almacenamiento.
Pues allí están actualmente 20.000 documentos que recogen los detalles de los Consejos de Guerra relacionados con la rebelión militar o auxilio a la misma, todo tipo de actividades clandestinas, traición y otras acusaciones que en no pocos casos sirvieron para justificar la ejecución, decidida de antemano, de quienes se opusieron al golpe contra la República. El Tribunal Territorial de Asturias funcionó hasta la década de 1970, cuando pasó a depender del Juzgado Togado Militar Territorial de León, y por esta razón también podemos encontrar expedientes posteriores, muchas veces de poca entidad, que afectaron a los asuntos internos de los cuarteles.
Situémonos ahora en 1998, cuando Sergio Marqués presidía Asturias y ya estaba planeando la división de la derecha regional asturiana para escindir del Partido Popular a la Unión Renovadora Asturiana. Entonces se aprobó el Reglamento de Archivos Militares que instaba a los jefes de las diferentes zonas a recoger los fondos que aún se encontraban en sus lugares de origen, como era nuestro caso, donde estas causas judiciales archivadas por su número estaban guardadas en carpetas ocupando más de doscientos metros de estanterías en la sede del Gobierno Militar.
Cuando la petición del Ministerio de Defensa llegó a Asturias se produjo primero una reacción de sorpresa y enseguida algún tímido movimiento político para intentar impedir el éxodo de estos testimonios escritos sobre nuestro pasado reciente.
El portavoz de Izquierda Unida Gaspar Llamazares presentó en la Junta General del Principado una proposición no de ley instando al Consejo de Gobierno a evitar el traslado y la directora regional de Cultura Trinidad Rodríguez dirigió un escrito al comandante militar de Asturias solicitando “la posible permanencia” de estos archivos, al tiempo que su Consejería pedía información a los ministerios de Cultura y Defensa sobre los aspectos legales del asunto para buscar la forma de recurrir la decisión.
Por su parte la misma Junta General aprobó el 24 de marzo una resolución en la que solicitaba al Ejecutivo que buscará formulas para evitar el traslado, pero ante la falta de respuestas de todos los interlocutores, el 23 de mayo el diputado socialista en el Congreso Luis Martínez Noval insistió solicitando al Gobierno del Principado una explicación que nunca obtuvo.
En aquel momento ya estaba claro que la decisión era irreversible. Defensa había trasladado la unidad logística militar desde Oviedo a Ferrol y ya no disponía del personal necesario para ocuparse del archivo. Entonces se asumió que la única salida era microfilmarlo para que al menos se pudiese conservar aquí una copia y se solicitaron presupuestos a tres empresas. La más barata pidió 22 millones de pesetas, otra 40 y la tercera 120 millones, pero todas dieron un plazo de ejecución que en el mejor de los casos se prolongaba diez meses.
Así las cosas, a las 7 de la mañana del sábado 27 de junio de aquel 1998 los soldados comenzaron a cargar en los camiones del Ejército las carpetas con las 20.000 causas de nuestro archivo y, a pesar de que la Jefatura de Logística Territorial había anunciado que el 1 de julio el archivo debía estar en Ferrol, la consejera de Cultura del Principado Victoria Rodríguez Escudero afirmó que esta maniobra la había cogido por sorpresa.
Con los materiales en su nuevo destino, el 12 de julio de aquel 1998 los diarios anunciaron que el juez militar de Ferrol había enviado un fax autorizando al Principado para su reproducción. Trinidad Rodríguez manifestó que entonces se iban a pedir nuevos presupuestos sin prisa: “Ahora no nos interesan tanto los plazos de tiempo, sino que la decisión se adoptará atendiendo a criterios técnicos y económicos”. Todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en ir con calma. Han pasado 24 años y no sé si pecaré de impaciente, pero me parece que ya están tardando un poco.
