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El juicio por la muerte de seis mineros de la Vasco tardará todavía un año más en retomarse

El proceso, que se supendió en abril de 2021, se reiniciará en febrero de 2023: casi una década después del accidente en el pozo Emilio

Un hombre porta una camiseta con los nombres de los mineros fallecidos hace un año, cuando se suspendió el juicio en León. | J. C. / Efe

El juicio en el que se depurarán responsabilidades por el accidente del pozo Emilio del Valle, en León, en el que murieron seis mineros, uno de ellos asturiano, ya tiene nueva fecha. Será el próximo 6 de febrero, nueve años y medio después de aquel fatídico 28 de octubre de 2013, en el que un escape de grisú se cobró la vida de los seis trabajadores. El juicio había comenzado a celebrarse en abril de 2021, pero la aparición de nuevas pólizas de seguros en el proceso hizo que las defensas de los 15 acusados, apoyadas por el Ministerio Fiscal, solicitaran un aplazamiento, que fue concedido por la jueza.

Así las cosas, las sesiones se retomarán el 6 de febrero de 2023, a las diez de la mañana, en el Juzgado de lo Penal número dos de León. A los acusados se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurrencia con un seis delitos de homicidio por imprudencia grave, y otros ocho delitos de lesiones, también por imprudencia grave. Desde el juzgado se entiende que la empresa minera, la Hullera Vasco Leonesa, “no hizo nada” por evitar el accidente en lo relativo a la prevención de riegos laborales.

En la primera sesión del juicio, celebrada en abril de 2021, casi ocho años después del fatal accidente, los abogados de las defensas expusieron ante la jueza que faltaban documentos de los seguros de los acusados, entre los que se encontraba la cúpula de la histórica empresa Hullera Vasco-Leonesa, propietaria entonces del pozo Emilio, ubicado en Santa Lucía de Gordón (León). El aplazamiento que dictó entonces la magistrada supuso un mazazo para las familias de las víctimas, que entonces aseguraban que “a nuestro hijo no nos lo van a devolver, pero al menos esperamos que los responsables paguen por lo que han hecho. Porque este accidente se podría haber evitado”. Eran palabras de la madre de Manuel Moure, uno de los fallecidos, junto a sus compañeros José Luis Arias (natural de Lena), Carlos Pérez, Antonio Blanco, Orlando González y Roberto Álvarez

El accidente

Ha pasado ya casi una década del fatal accidente en el pozo Emilio. Fue el 29 de octubre de 2013, en el turno de la tarde, y lo único que parece claro es que todo se produjo debido a un escape súbito de grisú. Eso sí, los informes elaborados durante las semanas posteriores tanto por los técnicos de la Hullera Vasco Leonesa como desde la Comisión Regional de la Minería de Castilla y León difieren el algunos puntos.

En el documento elaborado por la empresa se apunta a que el accidente tuvo lugar debido a una “una emisión súbita de metano procedente de la cámara de surtiraje o postaller”. Este suceso fue “imprevisible en su magnitud y consecuencias”, señala el documento, en el que también se indica que “se cumplían las condiciones de seguridad recogidas en la normativa vigente y que, en el momento del siniestro, los trabajadores llevaban puesto el autorrescatador (dispositivo que permite respirar de forma autónoma al minero en el caso de una fuga de grisú)”. No llegaron a utilizarlo, según el citado documento, debido “a la rapidez del escape”.

Es en la rapidez del escape en lo que coinciden los informes. Sin embargo, desde la Comisión Regional de la Minería de Castilla y León se indica que el accidente tuvo lugar por “un colapso brusco y posterior hundimiento de una bóveda cargada de carbón en una zona con gas metano”. Dos fenómenos que se produjeron, según el documento, “casi al mismo tiempo”. La consecuencia fue fatal: el contenido de oxígeno en el macizo bajó “de forma instantánea” hasta el uno por ciento, con las fatales consecuencias para los seis mineros fallecidos y dejando también a otros compañeros heridos.

Ahora, tras casi diez años la cúpula de la Vasco Leonesa, junto con el resto de acusados, deberán pasar de nuevo por el banquillo en un juicio que se prevé dure hasta el 30 de marzo, fecha prevista para la última sesión de declaraciones. A partir de ahí será la jueza encargada del caso la que deberá dictar sentencia y poner fin, a un proceso que se ha dilatado en el tiempo, haciendo aún más daño si cabe a las familias de las víctimas del pozo Emilio.

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