Sin poner sobre la mesa medidas concretas, el consejero de Industria, Enrique Fernández, mostró ayer su apoyo a Fortia, la planta de fabricación de mascarillas ubicada en Morcín, cuyo futuro pende de un hilo tras la entrada en vigor, hoy mismo, del decreto que anula la obligatoriedad de portar el cubrebocas en interiores. “Hay que tratar de conservar aquellas empresas que con la pandemia fueron tan necesarias y que puede que lo vuelvan a ser estratégicamente en el futuro”, aseguró el responsable regional tras poner en contexto el nacimiento de la planta morciniega. Desde los sindicatos, el SOMA también exigió medidas que den aire a una firma que ya ha tenido que reducir plantilla y producción a mínimos, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.
El responsable regional de la cartera de Industria quiso retrotraerse a hace apenas dos años: “Es muy importante recordar aquellos episodios en los que tanto hincapié hacíamos en la necesidad de contar con unas cadenas de suministros fiables y en las que hablábamos de contar con una soberanía industrial que nos permitiera abastecernos como mínimo de productos básicos de primera necesidad”. O lo que es lo mismo, dejar de depender de un mercado como el asiático, lo que provocó a comienzos de la pandemia un desabastecimiento de material sanitario, especialmente de las mascarillas.
Fernández aseguró que en aquel momento, “de extrema necesidad”, se tomaron decisiones “se hicieron inversiones, y es importante recordar aquellos momentos para tratar de mantener aquellas inversiones y actividades”. Unas plantas, como la de Morcín, que evitarían, dijo “volver a caer en el mismo error si tenemos que volver a afrontar una situación tan desgraciada como fue aquella, para que no volvamos a encontrarnos con la lamentable falta de suministros y capacidades industriales que había entonces”.
También defendieron desde el SOMA el mantenimiento de la planta de Argame, pidiendo a la Consejería de Salud “la inclusión de cláusulas que prioricen la contratación de suministros bajo criterios éticos, medioambientales y de responsabilidad social y laboral”.
Son palabras de Fernando Fernández Menéndez, secretario general de SOMA-FITAG-UGT en el Caudal, que explicó que Fortia “fabrica mascarillas y da empleo en Morcín, no es el almacén de un intermediario. Es una empresa de aquí, con trabajadores de aquí, pero lamentablemente será una más de las empresas de aquí, de las cuencas mineras, que cierren”.
Para el responsable del SOMA “sorprende ver cómo otras comunidades autónomas defienden fábricas similares y cómo sus servicios de salud incluyen en las licitaciones cláusulas sociales o exigen que la fabricación se haya hecho con respeto y cumplimiento de los derechos laborales, con una política de prevención de riesgos laborales o con criterios de calidad evaluables por el licitador”.
Fernández aseguró que “es triste ver cómo en otras comunidades autónomas valoran como méritos en la licitación conceptos como ‘fábricas de proximidad’ o la menor huella de carbono producida”. Y subrayó: “Es evidente que se contamina menos desde Morcín a Oviedo que desde el sureste asiático al puerto de Valencia en un portacontenedores y luego en camión a los almacenes del Sespa por ejemplo”. El portavoz del SOMA instó además a las administraciones a aplicar el concepto de la “discriminación positiva” hacia las cuencas mineras afectadas por la transición ecológica.
Por último, dijo que “para el SOMA-FITAG-UGT es necesario pasar de las palabras a los hechos de una vez por todas, y vencer el escepticismo que se está adueñando de unos territorios que están sufriendo una alta transición energética y en los que no se materializa ningún proyecto alternativo”.
