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Guía para mejorar los contratos menores: una mierense propone en su tesis doctoral un tope de gasto y bolsas de empresas

Beatriz Vázquez plantea hacer de esta forma más transparentes estas adjudicaciones

Beatriz Vázquez, tras presentar su tesis en la Universidad.

Los contratos menores que realiza la administración pública suelen ser motivo de controversia, debido a que se trata de una adjudicación directa y tiene una regulación “escasa”. Sin embargo, bien utilizados, suponen una medida muy útil para las administraciones. La mierense y trabajadora del Ayuntamiento de Langreo, Beatriz Vázquez, lo lleva un poco más allá con una serie de propuestas para mejorarlos, como crear una bolsa de empresas o cambiar los límites económicos por porcentajes. Todo esto lo trata en la tesis doctoral “La figura del contrato menor en la contratación pública española” que defendió el pasado abril en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Una tesis dirigida por el catedrático Javier García Luengo y con la que obtuvo un sobresaliente cum laude. Además, están trabajando para que la tesis tome forma de libro.

“La ley de contratos menores está regulada históricamente, hay antecedentes en el reinado de Isabel II donde se podía asimilar la existencia de estas adjudicaciones directas. En nuestro ordenamiento jurídico está regulada en una ley del año 1995, pero es escasa”, explica. Actualmente, las administraciones pueden disponer de esta solución con obras inferiores a 40.000 euros, y contratos de servicios y suministros inferiores a 15.000 euros. Para esta doctora en Derecho el contrato menor “es válido siempre que no se abuse de él, porque no se puede usar de manera progresiva, sino que hay que utilizarlo para algo puntual. Si sé que todos los años tengo que asfaltar las calles, aunque esté dentro de los límites del gasto, no nos vale usar esta fórmula”.

Para mejorar los contratos menores, Beatriz Vázquez propone varias ideas en su tesis. “Una de ellas es planificar la contratación. Como norma novedosa, en la última ley de contratos se incorporó la obligación de elaborar un plan de contratación, esto no es obligado en los contratos menores porque tienen que ser cuestiones que surjan, pero en la práctica diaria, encajando el tiempo y el precio, lo planifican igual”, explica. Desde su punto de vista, “sería útil que cada órgano de contratación conociese, cuándo se aprueban los presupuestos, en qué va a gastar todo de forma concreta”.

Entre las propuestas de nueva creación, la doctora en Derecho alude a “una especie de sistema dinámico de adquisición, un sistema rotatorio entre empresarios a una espera superior”, es decir, una bolsa de empresas. Esta solución viene motivada porque a la hora de hacer estas adjudicaciones directas “se suele tirar de las empresas de siempre, y así no se mueve el mercado”. Vázquez propone realizar estas bolsas a nivel regional o comarcal con listas abiertas “donde las empresas puedan entrar de manera voluntaria y que expliquen lo que hacen”. De este modo, a la hora de hacer un contrato menor, “si tienes varias empresas con la misma propuesta puedes preguntar a los tres primeros y coger al que mejor te encaje, poniéndolo después al final de la lista para dar la oportunidad a otras empresas”. Este sistema, explica, “ya existe en Francia y otros países, no es algo novedoso, aunque aquí nunca se hizo”.

Licitación

Otra de las propuestas con el objetivo de generar ahorro y ofrecer una mayor transparencia es “someter a una breve licitación a estos contratos menores. Es decir, no para una manilla que te cuesta 100 euros, pero puedes hacerlo si te vas a gastar más de 3.000 euros. Esto ayuda a que se apunten más empresas. Y cuanta más participación, mejor para todos”.

La última de las propuestas de Beatriz Vázquez viene explicada porque la ley “trata igual al Ministerio de Defensa que al ayuntamiento más recóndito de España, pero las necesidades no son las mismas y esta igualdad se convierte en desigualdad porque no existe un equilibrio”. Su propuesta no pasa por tocar los límites económicos, sino que “el consumo máximo a través de este tipo de procedimientos sea un porcentaje del presupuesto de cada órgano de contratación”.

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