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Alcaldes y sindicatos exigen alargar los plazos de los fondos mineros hasta 2027

Los responsables de ACOM y de las centrales mineras reclaman hoy al Gobierno la puesta en marcha de los 250 millones para reactivación

Por la izquierda, José Alperi, Víctor Fernández, Mario Rivas, Mino García y Damián Manzano, ayer, tras la reunión. | A. Velasco

Los alcaldes y los sindicatos mineros pedirán hoy formalmente al Gobierno central la ampliación de los plazos establecidos en el plan del Carbón para la presentación de los proyectos de fondos mineros, que expiraba el próximo año 2023. Ese fue uno de los puntos tratados ayer en la reunión entre los representantes de la Asociación Comarcas Mineras (ACOM-España), y los responsables de la federación de Industria de CC OO en Asturias y FICA-UGT (federación en la que se integra el SOMA, que también estuvo en el encuentro en la persona de su secretario general, José Luis Alperi). Además, sindicatos y municipios exigieron que los fondos mineros no se maquillen y se solapen con otras convocatorias que vengan de europa.

Tras la reunión intervinieron Mario Rivas, presidente de ACOM, Mino García (Alcalde de Morcín y Vicepresidente del organismo), Damián Manzano (CC OO de Industria de Asturias), Víctor Fernández (FICA-UGT) y José Luis Alperi (SOMA). Comenzó el responsable de los alcaldes mineros explicando que "es necesario seguir trabajando y complementar los fondos mineros con los planes europeos que están llegando". Pero advirtió Rivas que eso "no quiere decir que el Gobierno eluda sus responsabilidades: para nosotros son muy bienvenidos nuevos fondos, pero lo que está claro que los 250 millones firmados en el Marco de Actuación para la Reestructuración de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2019-2027 deben de cumplirse e invertirse". Apuntó como muy necesaria una ampliación de plazos: "Lo que ha ocurrido estos dos últimos años, con una parálisis total administrativa, requiere de la extensión de los plazos inicialmente previstos como se ha hecho en otras ocasiones y en otros acuerdos, sin ir más lejos en el plan 2013-2018, que aún está en ejecución", valoró el responsable de ACOM.

Damián Manzano (CCOO), por su parte, exigió de nuevo al Gobierno el cumplimiento del plan del carbón: "Nosotros firmamos un acuerdo que incluye 250 millones para unos municipios y unas comarcas, y queremos que se cumpla". "De no ser así, se estaría incurriendo de nuevo en lo que ya pasó en el pasado, detraer determinados fondos que le corresponderían a estas comarcas", señaló Manzano. Sobre los plazos, apuntó que "vivimos en una situación de absoluta excepcionalidad y no puede ser que se quieran escudar en una cuestión de plazos para no activar los fondos mineros".

Mientras, desde FICA-UGT, Víctor Fernández apuntó que"hemos venido sufriendo unos retrasos muy importantes por el covid, y debe de haber unos cambios de fecha en lo que se firmó y pensamos que el plazo para la presentación de proyectos debería de ir hasta 2027". Además, agregó que "el único sector que ha cerrado en este proceso de transición justa es el minero, y hay que poner énfasis en atender a estos territorios".

El líder del SOMA, José Luis Alperi, advirtió por su parte de que "los fondos mineros, que han funcionado con sus luces y sus sombras, no se pueden tratar de recortar o eliminar". Además, "los plazos administrativos y de todo tipo han sufrido parón importante y queremos que como ocurrió en otros ámbitos, sean prorrogados". Por último, Mino García, se sumó a las peticiones de ampliación del plazo de presentación de proyectos de fondos mineros del plan 2019-2027, y dijo que "no podemos permitir que una situación excepcional como la pandemia deje a concejos mineros afectados por el cierre del sector sin ningún recurso".

Los municipios pequeños dicen sentirse discriminados en las convocatorias europeas

Los alcaldes mineros, apoyados por las centrales sindicales, también reclamarán hoy en la Comisión de Seguimiento del plan del Carbón un cambio en el modelo de concesión de ayudas a municipios en transición, un programa que viene de la UE y que se desarrolla en régimen de concurrencia competitiva, ante lo que los ayuntamientos de menor tamaño consideran que se encuentran en una clara desventaja.

Mario Rivas explicó que "los planes de infraestructuras que vienen de la UE debilitan las posibilidades de los ayuntamientos mineros, al ser una concurrencia competitiva en la que estamos en clara desventaja con administraciones más grandes". En esa línea, Damián Manzano agregó que "el concepto de concurrencia competitiva deja a muchos ayuntamientos de las comarcas mineras en situación de no poder competir por unos fondos que son totalmente necesarios".

También José Luis Alperi se sumó a la petición de un cambio de criterio y pidió una "discriminación positiva" para los ayuntamientos de las Cuencas. "Los concejos mineros tienen una fisionomía muy particular y no es justo que un ayuntamiento de 2.000, 3.000 o 5.000 habitantes vaya a competir con unos de 200.000 porque los recursos no son los mismos".

Mino García, alcalde de uno de esos concejos, Morcín, indicó que "es muy difícil par los ayuntamientos pequeños, y hay que recuperar el espíritu de estos planes, que es ser solidarios unos municipios con otros, que todos puedan tener un proyecto y que lleguen empresas a todos los municipios".

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