"Estamos al límite y no sabemos lo que podremos aguantar abiertos si no hay un concurso público que tenga cláusulas sociales o si no se toman medidas". Son las palabras desesperadas de los gestores de la planta de mascarillas abierta hace dos años en Argame, y que a día de hoy está luchando contra viento y marea por seguir con sus puertas abiertas. La remisión de la pandemia de coronavirus y el incumplimiento de los compromisos por parte de los organismos y administraciones públicas han puesto en jaque a la compañía, que ha tenido que reducir producción y plantilla al mínimo para tratar de mantener el barco a flote, aunque no sabe cuanto tiempo podrá seguir achicando agua. La situación de Fortia Seguridad y Salud no es única en España: de la treintena de empresas que abrieron en todo el país que abrieron para dar respuesta a las necesidades de equipos de protección individual que se generaron durante la pandemia, solo media docena siguen abiertas.
La génesis del proyecto morciniego fue una llamada de teléfono del Principado al presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y consejero delegado de la empresa de transporte sanitario Transinsa, Carlos Paniceres, que es la cara visible del proyecto, en el que están inmersos otros dos empresarios. En aquella llamada se pedía ayuda para intentar poner en marcha una fábrica de mascarillas, toda vez que la dependencia del mercado chino era total, y conseguir un cubrebocas en aquellos tiempos era harto complicado. Ya no digamos hacerlo a precios competitivos.
Con estos mimbres y con la promesa de que una vez finalizada la crisis sanitaria estas empresas, la de Morcín, pero también el resto que nacieron bajo las mismas circunstancias, no se iban a quedar a la deriva, arrancaba el proyecto. Entre esas promesas estaba la de declarar este sector de la fabricación de equipos de protección como estratégico, para garantizar su viabilidad. Sin embargo, más de dos años después, apenas quedan en pie seis empresas, y ninguna ha visto los compromisos cumplidos.
Con más dudas que certezas, el proyecto de Morcín arrancó. Se compró la maquinaria (un millón de euros de inversión) y arrancaba la fabricación. Además, los empresarios siempre quisieron darle un carácter social a la planta, y la convirtieron en un centro especial de empleo en el que sus operarios son personas con discapacidad. Llegaron a ser más de medio centenar. Hoy, son siete.
"La situación es tremendamente compleja, y sin algún tipo de mecanismo que pueda favorecer la compra de un stock mínimo, no tenemos claro cuanto vamos a poder sobrevivir y seguir abiertos", confesaban a este diario los gestores de Fortia.
La pandemia sigue, pero las medidas de prevención no se han endurecido. Con el último repunte de contagios "hemos recibido un pedido de 30.000 FFP2, pero aún así te da para lo justo", explican desde la compañía radicada en el polígono de Argame. Lo que viene siendo el manido refrán "pan para hoy, y hambre para mañana". Solamente particulares y empresas privadas asturianas están manteniendo pedidos de forma regular a la compañía: "Nos están ayudando mucho".
Las perspectivas de futuro de la planta de Morcín no son buenas, y a menos que haya una intervención por parte de las administraciones públicas, la empresa podría estar viviendo sus últimos días. "No pedimos nada que no se nos prometiera, sino algo que nos dé lo justo para no perder dinero y poder seguir abiertos", explican. Entre esas reclamaciones, la de que haya algún concurso público con cláusulas sociales o territoriales, porque al final, las administraciones siguen comprando en mercados asiáticos, con los que no se puede competir en precio. "Vamos a resistir lo que podamos, pero no sabemos cuanto", concluyen.
