«Es una situación preocupante e incomprensible». Así calificaba ayer Mino García, alcalde de Morcín, la situación de Fortia, la empresa de fabricación de mascarillas ubicada en Argame. Tanto el regidor como Fernando Menéndez, secretario general del SOMA-FITAG-UGT en el Caudal exigieron al Principado que tome medidas para evitar el cierre de la planta y la pérdida de empleo. «Hay que ser contundentes y reclamar que la administración defienda a la industria asturiana de los comisionistas, y que pueda competir en igualdad de condiciones», valoró el responsable sindical.
El gobierno local morciniego y la central mantuvieron ayer un encuentro para analizar la situación de la planta, que fue puesta en marcha a raíz de una petición del propio Gobierno asturiano en plena pandemia para evitar depender de mercados exteriores como el asiático. El alcalde de Morcín denunció que los procesos de contratación han sido desfavorables siempre a la empresa morciniega: «En el primer pliego pedían un capital social de la empresa de al menos 11 millones de euros, algo que descartaba a Fortia al ser una empresa de nueva creación, y después nos encontramos que el Gobierno regional no está haciendo ningún tipo de adquisición a esta planta cuando los propios miembros del Ejecutivo regional vinieron a hacerse la foto cuando abrió la planta».
Mino García hizo un llamamiento «a todos los ayuntamientos y empresas de Asturias para que ayuden a la empresa a mantener una producción, que significa garantía de producto nacional y de no abandonar a una fábrica que supone una alternativa en las comarcas mineras». «Lo que exijo como alcalde al Gobierno regional es que tome las medidas necesarias para que Fortia no cierre y realmente se cumplan los compromisos de defender la producción y el empleo en las comarcas mineras y en Asturias», indicó García, que situó en 12 millones de mascarillas la producción mínima para garantizar una plantilla de 15 trabajadores y un equilibrio presupuestario.
Mientras, Fernando Menéndez, responsable del SOMA en el Caudal, apuntó que la de Fortia es una «situación es bastante grave» e indicó que «llevamos tiempo pidiendo la inclusión en los contratos públicos de cláusulas sociales que impidan la llegada de productos de países en los que no se respetan los derechos de los trabajadores e incluso los derechos humanos». «Estamos destruyendo nuestras industria», agregó Menéndez, que indicó que «la contratación pública debe de defender a la empresa española». «Nadie dice de dar contratos a dedo, pero sí de medidas de protección, y no debe de ser el precio el único factor que determine si un contrato se da a una fábrica española o a un intermediario o comisionista», explicó el responsable del SOMA, que exigió también medidas para salvar la planta de Fortia en Argame. «No todo puede quedar en palabras bonitas, y si el Gobierno regional cree en Asturias, debe de proteger a las fábricas asturianas», apuntó.
Por último, indicó Menéndez, «se hablaba durante la pandemia de tener un almacén estratégico de material sanitario para no quedar desabastecidos», y agregó: «Qué mejor almacén que mantener la planta que lo fabrica».
