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Los complejos trámites retrasan los derribos de edificios en ruinas en el barrio de La Villa, en Mieres

El gobierno local de Mieres argumenta, frente a las críticas vecinales, que se trata de "un proceso largo que necesita autorización judicial"

Los bomberos, extinguiendo el incendio de la pasada semana en La Villa.

Dice el refranero español que "las cosas de palacio van despacio", y es un dogma que perfectamente se puede aplicar a la administración pública. Aunque el Ayuntamiento de Mieres tiene previsto actuar en el barrio de La Villa para eliminar todos aquellos edificios que están en ruinas, la farragosa tramitación legal que conlleva hace que la ejecución de las obras se dilaten en el tiempo. El gobierno local aseguró ayer a este diario que en sus planes está abordar los trabajos en el barrio, pero que "han de seguir un proceso que es largo y para el que necesitamos la autorización judicial".

Los vecinos de esta zona de Mieres, uno de sus barrios fundacionales, llevan tiempo denunciando la situación: casas en ruinas que además están siendo habitadas por okupas y que además de dar una mala imagen suponen un peligro. Algo que se constató la pasada semana con un incendio en una de estas construcciones en la que vivían de forma ilegal.

El alcalde en funciones de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, aseguró ayer que las actuaciones en este barrio forman parte del plan de eliminación de ruinas que lleva a cabo el Ayuntamiento, pero explicó también las dificultades que se encuentran a la hora de poder proceder a ejecutarlo. "El proceso lleva una larga tramitación, que además depende finalmente de la autorización de un juez", apuntó el edil mierense. De esta forma, el Ayuntamiento tiene que requerir hasta tres veces a los propietarios de los inmuebles para actuación en los mismos.

En el caso de no recibir respuesta, posteriormente se publica un anunció en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Si tampoco hay contestación por los propietarios, la administración local ha de llevarlo ante la justicia, para que sea un magistrado el que dé el permiso para actuar el un inmueble privado. "Estamos trabajando en todo eso y cuando tengamos los permisos, que no siempre se conceden, procederemos a contratar las obras", señaló Álvarez, que apuntó a que finalmente se reclama también al propietario el coste de la ejecución subsidiaria.

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