Las diez familias que residen en uno de los bloques de la urbanización Buenavista, en pleno centro de Mieres, llevan ya tres años conviviendo diariamente con el tráfico de drogas. El infierno en el que ha caído la comunidad ha hecho que el movimiento vecinal de Mieres, en su totalidad, haya acordado pedir a la Delegación del Gobierno que inste al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para que desde la administración judicial se posibilite que la Policía Nacional pueda realizar registros en el céntrico "narcopiso" a través del que se canaliza buena parte del tráfico de droga en la ciudad. Y es que pese al intenso operativo de vigilancia que se articula diariamente alrededor de este punto de tráfico de estupefacientes, la imposibilidad de acceder al interior de la vivienda mientras no haya una autorización judicial al respecto hace que, como afirman los vecinos, el piso se haya convertido en un "fortín".
La Policía Nacional ha tramitado decenas de actas por tenencia de droga en las inmediaciones del céntrico "narcopiso" ante la imposibilidad de acceder al interior o interceptar la entrada de la droga. Esta labor no ha logrado hacer mella en los traficantes. El movimiento vecinal se reunió el pasado martes con los responsables de la Policía Nacional y fueron informados de que tanto traficantes como compradores se han sabido adaptar para convivir con la permanente vigilancia policial.
"La Policía Nacional nos ha explicado que ahora además de acudir al piso a comprar la droga, los adictos la consumen en el interior del inmueble para evitar que los agentes puedan interceptarlos con la mercancía al salir a la calle", apunta Arsenio Díaz Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres.
Se puede decir que el "narcopiso" de Mieres ofrece actualmente lo que cabría definir como un "servicio completo" a sus clientes. Primero les ofreció un lugar seguro donde adquirir la droga. Ahora, ante el riesgo que supone la intensa presencia policiales en los alrededores, la oferta incluye poder consumir en el interior de las dependencias. Los vecinos lo tienen claro, mientras la Policía no pueda acceder a la vivienda, todas las medidas preventivas serán insuficientes.
La comunidad de vecinos afectada está valorando la contratación de un despacho de abogados penalistas para forzar el proceso de desahucio de las dos mujeres que son señaladas como las principales traficantes. Plantean lograrlo a través de la "inhabilitación o mediante una figura parecida" de la propietaria del inmueble. La propia delegada del Gobierno, Delia Losa, aseguró en el transcurso de una Junta de Seguridad Ciudadana celebrada en marzo que esta medida era viable. Por eso, el movimiento vecinal ha decidido volver a picar en esta puerta para que la Delegación del Gobierno traslade a la administración judicial la inquietud que crece en Mieres.
Registros
Tras movilizarse y convocar varias protestas, esta comunidad afirma estar ya la "límite" de su capacidad de tolerancia. Así, apelan al Juzgado casi como un ruego. Piden que se facilite a la Policía Nacional poder hacer registros en la vivienda, explican, que desde 2019 utilizan presuntamente dos mujeres para vender todo tipo de sustancias estupefacientes. De momento, la propia comunidad de vecinos ha colocada cámaras de vigilancia en el portal para hacer un seguimiento de trasiego que se registrada cada día. Los vecinos se enfrentan a un problema que les ha deteriorado gravemente las condiciones de vida. Aseguran que son decenas los drogadictos que acuden cada día al edificio en busca de estupefacientes.
