La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 22 años de prisión y 10 de libertad vigilada para un hombre acusado de asesinar de 25 puñaladas a su yerno, Luis Salazar, del que su hija se estaba divorciando, porque no quería que su nieto de 2 años, hijo de la pareja, pasara con él el fin de semana, tal y como había establecido el Juzgado en el proceso de separación. La vista oral, ante un Tribunal del Jurado, comenzará este viernes, 4 de noviembre.

 

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, J. A. F. R., decidió terminar con la vida de su yerno con el que su hija se encontraba en trámites de divorcio y a sabiendas de la mala relación que existía entre ambos. El acusado tomó esta determinación con el propósito de intentar impedir a toda costa que la víctima pasara el fin de semana con el hijo de la pareja, de 2 años, su nieto, tal y como había establecido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Mieres, que atribuyó la guarda y custodia del menor a la madre y el derecho de visita del padre los fines de semana alternos de cada mes, con pernocta desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana. Ante la idea de que la víctima pudiera hacer uso de este derecho de visitas por primera vez ese mismo fin de semana, el acusado decidió matarlo.

Así, prosigue la Fiscalía en su exposición, minutos antes de las ocho de la mañana del 12 de noviembre de 2019, el acusado se dirigió al domicilio de la víctima, en Mieres, y picó al telefonillo. Su yerno le abrió la puerta y, ya en la vivienda, le invitó a charlar en la cocina. En ese momento, de forma absolutamente sorpresiva, sin que mediara palabra alguna y sin que Salazar pudiera imaginarse en ningún momento el ataque, el acusado sacó de entre su ropa un arma blanca, tipo cuchillo o machete, con una hoja de gran tamaño, y se lo clavó en el abdomen con gran violencia y, a continuación, brutalmente, en la muñeca.

La víctima intentó defenderse sin éxito durante los pocos segundos que consiguió mantenerse en pie y cayó tendido en el suelo. Entonces, el acusado, valiéndose del mismo cuchillo y aprovechando que Salazar ya no podía repeler sus ataques, le propinó numerosos cortes tanto en la cabeza como en el cuello, utilizando el arma no solo para acuchillarlo, sino también para cortarlo y golpearlo. Llegó a propinarle hasta 25 puñaladas. Tras la brutal agresión, el acusado salió de la casa, llevándose consigo el arma homicida, que ocultó y que nunca fue localizada por la Policía.

 

El acusado, en su propósito de acabar con la vida de su yerno, le propinó un número de puñaladas que excedieron de las necesarias para producirle la muerte y solo lo hizo para asegurarse de que causaba a la víctima un dolor y un sufrimiento absolutamente innecesarios. Como consecuencia del ataque, Salazar falleció sobre las ocho de la mañana del 12 de noviembre de 2019. Sobre las nueve menos veinticinco de la mañana, el acusado acudió a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Mieres y allí reconoció al agente que estaba en servicio de vigilancia en la puerta que “creía” que acababa de matar a su yerno, “pinchándolo en la barriga”.

 

El acusado se encuentra en prisión provisional sin fianza por esta causa desde el 14 de noviembre de 2019. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato de los artículos 139.1.1º y 3º y 139.2 del Código Penal. Concurre la atenuante analógica de confesión. Y solicita que se condene al acusado a 22 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como a libertad vigilada durante 10 años y con el cumplimiento de las siguientes medidas: obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos, comunicar inmediatamente en el plazo y por el medio que se establezca cualquier cambio de domicilio o lugar de residencia y prohibición de aproximarse y comunicarse con los diez hermanos del fallecido. También se le reclama el abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al hijo del fallecido con 200.000 euros y a cada uno de los diez hermanos de Salazar, con 25.000 euros. Todo ello, más los intereses legales correspondientes.