El Tribunal de Cuentas fiscaliza los fondos mineros: "Trato de favor" al Montepío y la "complejidad" de las ayudas empresariales las hace ineficaces

El informe de 204 páginas publicado ayer en el BOE incide en el descontrol que padecieron las subvenciones, el "escaso" personal que las tramitaba y la aleatoriedad de algunos proyectos

Las instalaciones de la residencia de Felechosa, que recibió ayudas que ahora cuestiona el Tribunal de Cuentas.

Las instalaciones de la residencia de Felechosa, que recibió ayudas que ahora cuestiona el Tribunal de Cuentas. / Luisma DÍAZ

Luisma Díaz

Luisma Díaz

La tramitación, gestión, control y ejecución de los fondos mineros fue un caos. Las ayudas empresariales, mejorables sobre todo en cuestión de plazos, muy ajustados para su cumplimiento, lo que hace que no sean atractivas. El Montepío de la Minería fue beneficiado, incurriendo en "trato de favor" para financiar la residencia de mayores de Felechosa. El personal destinado a controlar y gestionar todo este volumen de dinero de los fondos mineros era "muy escaso".

Este es el resumen, en unas pocas líneas, del documento de 204 páginas elaborado por el Tribunal de Cuentas para la "fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras con especial referencia a la gestión de la construcción de la residencia de mayores ‘La Minería’" entre los "ejercicios 2006 a 2017". Un documento que ayer, día de Reyes, publicaba el BOE (Boletín Oficial del Estado).

Desde el principio, el Tribunal de Cuentas –lo repite en numerosas partes del documento– incide en que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Cuencas Mineras "careció", durante el periodo fiscalizado 2006-2017, "de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las líneas de subvenciones de infraestructuras y proyectos empresariales". No existieron fórmulas "cuantitativas" que demostraran que el reparto de los fondos –1.786 millones de euros, sobre el papel– era equitativo entre comunidades autónomas o territorios, teniendo en cuenta la pérdida de empleo minero en cada zona. Tampoco se realizaron estudios pormenorizados sobre la idoneidad, o no, de realizar algunas inversiones en infraestructuras, algunas de ellas "infrautilizadas".

El documento recoge un apartado especial para la construcción de la residencia del Montepío en Aller, y es duro en sus conclusiones. Afirma que "no se elaboró ningún estudio técnico que justificara la oportunidad o necesidad de subvencionar una infraestructura de estas características", en el sentido de "priorizar una residencia de mayores frente a otras alternativas". Habla claramente de "trato de favor" a la entidad sin ánimo de lucro, que eligió a la empresa contratista "9 meses antes de que se firmara el convenio de la subvención". La obra costó 32 millones, de los cuales 27,6 fueron ayudas de los fondos. El Montepío, según el Tribunal de Cuentas, "tenía vedada la actividad objeto de la subvención" en base a "lo establecido en la normativa de seguros". Las obras empezaron en mayo de 2009 pese a que la propiedad de los terrenos "no se regularizó hasta 2013", todavía tardó meses en obtener la licencia de obra y el suelo no fue recalificado de uso "rural agropecuario" al uso para servicios hasta 2010. Se hicieron obras todavía en 2012, cuando ya se había certificado el final de obra para poder cobrar la subvención.

Etapa de Postigo

Más irregularidades en esta etapa del Montepío, entonces dirigido por José Antonio Postigo con el apoyo incondicional de José Ángel Fernández Villa. "Los costes de construcción por residente y metro cuadrado", asegura el Tribunal de Cuentas tras la elaboración de estudios periciales, son, en comparación con otras "infraestructuras similares promovidas por entes públicos" entre un "31 y un 61% superiores en testa obra". El "porcentaje de gastos generales y beneficio industrial del proyecto ejecutado es del 51%, frente al 20% estipulado en la normativa de contratación pública". Es más, "las calidades ejecutadas son inferiores a las que figuraban en el proyecto".

La apertura de la residencia a personas que no son mutualistas, así como su actividad de termalismo "para el público en general", supone "un trato más favorable para su titular que puede afectar a la libre concurrencia frente a otros operadores de mercado". Es decir, se favoreció a la mutualidad frente a empresas privadas del sector de la geriatría.

Complejidad elevada

Uno de los objetivos de los fondos mineros era promover la actividad empresarial con ayudas. Sin embargo, las líneas de subvención que se pusieron en marcha, tanto para grandes empresas como para pymes y autónomos, "adolecieron de un grado de complejidad muy elevado". Además, hubo "incoherencias en la definición de plazos de referencia para los beneficiarios", lo que ocasionó "un cierto grado de inseguridad jurídica". La tramitación de las ayudas sufrió "retrasos significativos", lo que perjudicaba claramente a los proyectos empresariales que se presentaban. Desde 2014 y hasta 2017 (último año analizado), además, se detecta una reducción "significativa" de solicitantes de las subvenciones, lo que unido a que se produjeron desistimientos por la inseguridad de los plazos, "conlleva que estas subvenciones no estén desplegando plenamente su potencial".

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