Los fondos mineros para empresas no repartieron ni la mitad del dinero que tenían disponible: solo 81 de 169 millones de euros

Las empresas de las comarcas mineras de España no recibieron ni la mitad del dinero presupuestado para ayudas en los fondos mineros de 2014 a 2017. La fiscalización de los fondos realizada por el Tribunal de Cuentas lo deja bien claro: en este periodo se reservaron 169,5 millones para incentivar la actividad empresarial. De este dinero, solo se concedieron 80.992.960,37 euros, lo que supone un 47,78% del total. Hubo varios problemas. Por un lado, todavía no se había salido por completo de la crisis iniciada en 2008. Por otra parte, en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, el Gobierno central suprimió por completo estas ayudas, que se retomaron en 2014, lo que pudo "desactivar" el interés empresarial. La burocracia excesiva, la inseguridad jurídica de algunas de estas ayudas y los retrasos en su adjudicación hicieron el resto. Gijón, Puertollano (Castilla-La Mancha), Langreo y Siero, por este orden, fueron los municipios más beneficiados.

Son dos las líneas de ayuda empresarial analizadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de "Fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras". La primera, la dedicada a "Grandes proyectos empresariales" (GPE). La segunda, la de "Minimis", para pequeñas empresas y autónomos. En el periodo 20114-207, en el que se retomaron estos incentivos a la inversión en los territorios mineros, se presupuestaron, en ayudas a grandes empresas, un total de 150 millones de euros: 40 millones en 2014, 2015 y 2016, y 30 millones de euros en 2017. De estas cantidades, se otorgaron un total de 67.558.427,03 euros, el 45%. 2016 fue el ejercicio en el que menos éxito tuvieron las convocatorias, se repartieron 7.177.547,95 euros. Al otro lado de la balanza, el 2017 (cuando menos dinero se repartía), con más de 29,8 millones concedidos.

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En la línea para pymes y autónomos, el porcentaje de fondos repartidos fue más alto, del 69%. De los 19,5 millones que se presupuestaron en cuatro años, se concedieron 13,34. Sumando los dos tipos de ayudas, el balance global es de un cumplimiento del 47,78%.

Problemas

Son varios los motivos que expone el Tribunal de Cuentas para explicar este bajo nivel de reparto. Tal y como expone en el epígrafe "conclusiones sobre las sublíneas de subvenciones de concurrencia competitiva" -las ayudas empresariales-, "las bases reguladoras adolecieron de un grado de complejidad muy elevado. Paralelamente, se produjeron ciertas incoherencias en la definición de plazos para los beneficiarios y en la definición de ciertos requisitos, lo que ocasionó un cierto grado de inseguridad jurídica". Otro problema más detectado en la fiscalización de los fondos fue que "la tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas sufrió retrasos significativos", ya que se "empleó un promedio de un año para dictar la resolución". Esto "desvirtuaba los calendarios de ejecución propuestos por los promotores de los proyectos, y reducía los incentivos a solicitar las ayudas por parte de las empresas". Estas "dilaciones motivaron, además, la necesidad de tramitar modificaciones de la resolución de concesión" -más burocracia- "al devenir irrealizables los plazos" -inseguridad jurídica- "que además eran idénticos para todos los proyectos, con independencia de sus características".

"Las bases reguladoras adolecieron de un grado de complejidad muy elevado"

En comparación con las convocatorias anteriores, desde 2006 a 2011, "se ha observado que el número de solicitudes de subvenciones se ha reducido significativamente desde 2014". Así, entre este último año y 2017, hubo 252 peticiones de ayuda para las grandes empresas y 483 para las "Minimis". De ellas, se concedieron 130 y 267, respectivamente. Por poner un ejemplo, solo en 2006, en las ayudas a grandes proyectos, se recibieron 553 solicitudes y se otorgaron 227 ayudas. Esto, "unido al elevado porcentaje de solicitudes en las que se produjeron desistimientos, conlleva que estas subvenciones no estén desplegando todo su potencial".

En el periodo analizado 2014-2017, la inversión mínima exigida a las grandes empresas para recibir ayuda era de 100.000 euros, con un empleo mínimo creado de 3 puestos de trabajo. En la línea para "Minimis", esta inversión exigida era de 30.000 euros y un nuevo empleo o mantener el empleo previo en la plantilla, si era superior a 3 trabajadores.

Falta de personal

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que se encargaba de gestionar los fondos mineros -en el actual plan lo hace el Instituto para la Transición Justa- tenía además poco personal, según el Tribunal de Cuentas. "Careció, durante el periodo fiscalizado, de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales". Además, "no dispuso de efectivos suficientes con especialización en materia de gestión de expedientes económicos, particularmente de subvenciones, lo que dificultó una gestión eficiente de los recursos económicos".

El documento del Tribunal de Cuentas, además de analizar el grado de cumplimiento y eficacia de los fondos mineros, recoge un apartado especial para la construcción de la residencia del Montepío en Aller. Es duro en sus conclusiones. Afirma que "no se elaboró ningún estudio técnico que justificara la oportunidad o necesidad de subvencionar una infraestructura de estas características", en el sentido de "priorizar una residencia de mayores frente a otras alternativas". Habla claramente de "trato de favor" a la entidad sin ánimo de lucro, que eligió a la empresa contratista "9 meses antes de que se firmara el convenio de la subvención". La obra costó 32 millones, de los cuales 27,6 fueron ayudas de los fondos. El Montepío, según el Tribunal de Cuentas, "tenía vedada la actividad objeto de la subvención" en base a "lo establecido en la normativa de seguros".

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