A juicio el último gran accidente de la minería: ¿Pudo evitarse la muerte de seis trabajadores en el pozo Emilio?

Sonó el “turullu” de la mina y no había cambio de turno. Era el 28 de octubre de 2013, fecha negra para la historia de la minería de toda España, el último gran accidente en una explotación de carbón. Ocurrió en el pozo Emilio del Valle, propiedad de la Hullera Vasco Leonesa, en Santa Lucía de Gordón (León). Fallecieron seis mineros, uno de ellos lenense, José Luis Arias, conocido por “Teya” en el tajo. También José Antonio Blanco, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Juan Carlos Pérez y Roberto Álvarez. Otros cinco trabajadores resultaron heridos. El próximo día 6 de febrero, casi una década después, los hechos llegarán a los tribunales, después de que la vista se aplazara durante dos años. El juez tendrá que dictar sentencia sobre las principales claves del accidente. La principal: ¿Se pudo evitar lo ocurrido en el macizo 7 del Grupo Tabliza?

Las causas

No hay acuerdo sobre lo ocurrido esa tarde de octubre en el pozo Emilio del Valle. Hay tres versiones: la de la empresa, la de la Fiscalía y la de los testigos. Estos últimos están llamados a declarar en la vista oral. La empresa dictaminó, solo unas semanas después del accidente, que lo ocurrido fue “imprevisible”. Según la versión que recoge el documento, el accidente se debió a “la emisión súbita de metano procedente de la cámara de surtiraje o postaller" del macizo. El alcance de este desprendimiento instantáneo de grisú, apuntó el mismo informe, fue "imprevisible en su magnitud y consecuencias". 

No dice lo mismo el escrito de la Fiscalía. El ministerio fiscal, en el año 2020 -tras una ardua investigación-, imputó a dieciséis personas. Según el escrito de acusación, “todos los acusados incumplieron la obligación que, por sus respectivos cargos, legalmente les incumbía”. La de facilitar “las medidas necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores”. Además, según el escrito de la Fiscalía, “el accidente era previsible y evitable” porque las labores en el macizo en el que se produjo el siniestro (el macizo 7), se habían iniciado ya el 11 de octubre (días antes del fatal suceso) y bajo “unas condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad”.

“Fue como si la mina rompiera”, afirman los trabajadores que estaban en el turno de los fallecidos. Uno de ellos es el asturiano David Moreira: “Llegué al principio de la galería y puse al autorrescatador, pero tuvimos que salir... tuvimos que salir porque había mucho gas, estábamos poniéndonos malos”. Mareos por la falta de oxígeno. El allerano, natural de la localidad de Boo, no valora la fiabilidad de los autorrescatadores. Pero apunta, rotundo, que la concentración de grisú era “muy alta” y que la zona estaba “impracticable”.

Los acusados

El escrito de la Fiscalía determinó también los acusados por el suceso. Entre ellos figuran el que fuera presidente de la empresa, Antonio del Valle; el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle; y el vocal Aurelio del Valle. También están imputados el entonces director general y el director facultativo de la explotación. El resto de acusados son ingenieros y vigilantes de seguridad de la compañía que debían garantizar la explotación. 

Los acusados se enfrentan a una petición de pena de tres años y medio de cárcel para cada uno por un delito de homicidio imprudente, mientras que a la empresa titular de explotación, la Hullera Vasco Leonesa le piden indemnizaciones que superan los dos millones de euros. “Tres años y medio, parecenreírse de nuestros muertos”, clamó la viuda de Arias, Itziar Ríos, tras conocer el escrito del Ministerio Fiscal. 

Los seguros

La investigación del juzgado se complicó, aún más, en el mes de abril de 2021. Fue entonces cuando los acusados se sentaron, por primera vez, en el banquillo. El juicio, tras una larga sesión de conclusiones previas, fue suspendido. ¿El motivo? Los abogados de la defensa expusieron que faltaban documentos sobre los seguros de las quince personas que están acusadas. Entre ellos, la cúpula de la histórica Hullera Vasco-Leonesa. Solicitaron entonces una suspensión de la vista oral que, tras recibir el apoyo del Ministerio Fiscal, terminó concediendo la jueza. 

De aquella sesión, se extrae que solo dos de los quince acusados estaban asegurados con responsabilidad civil. Ninguno es miembro de la directiva de la Vasco: ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el vocal estaban asegurados a título particular. Este aplazamiento fue un golpe más en la angustiosa espera de las familias

Las familias

Los familiares llevan ya casi una década de espera. Han reclamado, en múltiples ocasiones, celeridad en la investigación. “Han sido unos años muy duros”, ha apuntado el padre de uno de los fallecidos. Denuncian también la total “falta de tacto” de la Hullera Vasco-Leonesa que, según su versión, “no nos llamó en ningún momento. Ni siquiera para darnos el pésame”. Exhaustos, a la puerta del juzgado tras la primera vista que se suspendió, reclamaron justicia: “Pedimos a la justicia que haga su trabajo, porque nosotros ya no podemos hacer nada más”. 

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