La demanda de protección de menores se dispara tras la crisis del covid: "Tienen derecho a una infancia plena", claman desde entidades de ayuda

El Principado recibió 131 solicitudes de amparo social para niños, un 45% más que en el anterior ejercicio, y abrió 65 expedientes

Ilustración de una niña con un peluche.

Ilustración de una niña con un peluche. / ILUSTRACIONES. DIBUJO. NIÑA CON OSITO Y AL FONDO SILUETA DE HOMBRE. DELINCUENCIA. ABUSO SEXUAL. MENORES. INFANCIA.

La situación económica derivada de la crisis sanitaria del covid-19 ha disparado la protección a menores en las Cuencas. Según la última memoria del Instituto Asturiano para la Atención Integral de las Familias, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, el Principado recibió 131 solicitudes para la intervención social en niños. Son un 45 por ciento más que en el anterior ejercicio, y culminaron en 65 expedientes de protección. "La situación económica actual ha golpeado a las familias", reconocen entidades dedicadas al apoyo de menores en dificultades sociales.

Es importante recordar que, detrás de cada cifra, hay un menor y una familia. Así, en el año 2021 -el último del que se han publicado los datos hasta el momento-, Derechos Sociales recibió 131 solicitudes. Estas diligencias se diferencian entre "actuaciones previas" y expedientes. Las primeras conducen a la apertura de una investigación sobre cada caso, con posibles medidas correctoras en casos leves. Los segundos son ya actuaciones firmes, que se inician ante la posible existencia de una situación de riesgo o desamparo de un menor. Según fuentes de una de las entidades que apoya a estos menores en difícil situación en las Cuencas, "el Principado actúa siempre con prudencia en estos casos; estos niños y estas niñas tienen derecho a una infancia plena".

Es por eso que el Gobierno regional ha afirmado, en múltiples ocasiones, que el objetivo principal siempre es que los menores puedan vivir con sus familiares más cercanos. Con este objetivo se ponen en marcha programas de protección y seguimiento dentro de las propias familias o talleres para mejorar la convivencia, entre otras muchas iniciativas. Solo en los casos más complicados son derivados a centros u otros recursos del Principado.

Las fuentes consultadas por este diario sobre este incremento prefieren ser prudentes: "Hablamos de la situación de decenas de menores de las Cuencas", apuntan. Desde su experiencia, afirman que la crisis sanitaria del covid-19 ha supuesto un golpe duro para las familias que ya se encontraban en una situación delicada. "Por un lado está lo económico que, casi en la totalidad de los hogares, se ha resentido", apuntan. Pero aún hay otra circunstancia más difícil: "Algunos menores estaban al cuidado de sus abuelos y abuelas, que han padecido la enfermedad y ahora sufren secuelas". Lo cierto, apuntaron, es que hacía años que no se registraba un incremento tan notable en las notificaciones de desprotección.

Las notificaciones

Es trabajo de todos velar por la seguridad de los menores. La mayoría de las notificaciones que recibe el Principado llegan desde Servicios Sociales municipales (35%). También desde la Fiscalía, en un 18 por ciento. Las madres -así lo matiza el informe, no familias- piden ayuda en un 1% del total de los casos. Las notificaciones desde el entorno escolar son muy bajas (1,39%), y aún menos desde Atención Primaria (0,45%). Una de las solicitudes de toda Asturias (que alcanzaron este año las 693) fue registrada por el propio menor que estaba en riesgo social.

El informe recoge también las tipologías de desprotección del Manual de Desprotección Infantil del Principado de Asturias. La que más se repite es la negligencia, que ocasiona el 26 por ciento de las notificaciones recibidas. Casi en un 20 por ciento, las solicitudes están relacionadas con la dificultad del control de la conducta del niño. El epígrafe que más ha disparado la crisis sanitaria es el de "situaciones sobrevenidas" (un 11% del total de notificaciones presentadas en toda Asturias".

Hasta ahora, el máximo de notificaciones lo tenía el año 2007; con 687 solicitudes a los servicios sociales. Un pico que provocó la llegada de Menores Extranjeros no Acompañados -MENA por sus siglas, aunque el término ha recibido una connotación despectiva en los últimos años-. La cifra había bajado durante la crisis económica de 2008. El balance había descendido levemente el año del estallido de la crisis, por el "parón" administrativo del confinamiento, hasta las 576 notificaciones (un 18% menos que en el ejercicio anterior).

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