Un jefe de salvamento del pozo Emilio del Valle, donde murieron seis mineros, fue despedido por denunciar la peligrosidad de la mina

Con la voz templada y manteniendo una versión firme. El presidente del consejo y consejero delegado de la Hullera Vasco Leonesa, Antonio Valle, ha declarado esta mañana en la primera sesión de testificales del juicio por el accidente del pozo Emilio del Valle (Santa Lucía de Gordón, León). Ocurrió en octubre de 2013, y perdieron la vida seis trabajadores -uno de ellos, José Luis Arias, era lenense-. El entonces máximo responsable de la histórica empresa minera, en concurso de acreedores, ha asegurado que desconocía las labores que se ejecutaban en la explotación: "El consejo no se encarga de eso, tenemos un cuerpo técnico bastante reforzado". Ha descargado responsabilidad sobre el entonces director general de explotación, Mario Herce -llamado a declarar mañana-. Solo respondió a las preguntas de Fiscalía y de su propio abogado. Cuestionado por el Ministerio Fiscal, ha asegurado que desconocía que un trabajador que era jefe de la Brigada de Salvamento, que fue despedido meses antes del accidente, había denunciado problemas de seguridad ante la autoridad minera de la Junta de Castilla y León. "Fue despedido por pérdida de confianza", ha matizado Valle.

Antonio Valle Alonso fue el primero en testificar ante la jueza instructora del Juzgado número 2 de lo Penal de León. También declararon, con una versión prácticamente idéntica, Arturo del Valle, vicepresidente y consejero delegado; y Aurelio del Valle Jordán, vocal de la empresa. La Fiscalía solicita para los tres, junto a otros trece acusados, una pena de tres años y medio de privación de libertad.

 "No seguía las labores dentro de la mina, no es eso de lo que nos ocupamos en el consejo. Esto depende de la dirección general (que encabezaba Mario Herce). Además, hace mucho que no ejerzo como Ingeniero de Minas", ha reiterado Antonio Valle en varias ocasiones a la Fiscalía. Y ha añadido que "nunca tomamos la decisión de si había que explotar o no esa galería". Se refiere al macizo número 7, en el que se produjo el escape de grisú que terminó con la vida de los seis trabajadores. Además de Arias, fallecieron José Antonio Blanco, Manuel Antonio Maure, Orlando González, Juan Carlos Pérez y Roberto Álvarez. Tenían entre 35 y 45 años.

Los responsables de la Vasco emitieron un informe, solo dos meses después del accidente, en el que detallaban que lo ocurrido fue "súbito e inevitable". El Fiscal ha preguntado esta mañana a Valle si sabía que la autorización de la explotación no llegaba a la cota en la que los trabajadores fallecieron. "No, solo sé que había un proyecto tipo, que esa explotación estaba en el plan de labores y fue aprobado por la autoridad minera", ha replicado el responsable de la empresa minera. Y ha añadido que "el consejo no hace el plan de labores".

¿Y la seguridad? Según Antonio Valle, "nunca se recortó en seguridad, a pesar de la difícil situación económica que atravesaba el sector en el año 2013". El plan de prevención de riesgos de la empresa estaba dotado de una partida de 1,3 millones, ha señalado en sede judicial. También ha descartado que se decidiera aumentar la producción unos meses antes del accidente: "En todo caso, tendríamos que haberla reducido. Había un problema con la venta de carbón". "Nadie le podrá decir que recibiera una orden de aumentar la producción", ha apuntado, rotundo, al Ministerio Fiscal.

El despido

Un poco más titubeante estuvo en las preguntas referidas a un conflicto laboral con un trabajador que fue despedido en febrero de 2013, solo ocho meses antes del accidente. Era el responsable de la Brigada de Salvamento. "¿Sabía que esta persona había denunciado incumplimientos (en materia de seguridad) en la Junta (de Castilla y León)?", ha cuestionado el Fiscal. "El jefe de la Brigada de Salvamento fue despedido por pérdida de confianza, el consejo fue informado de esto", ha replicado, escueto.

Sí sabía que la mina era peligrosa. Valle ha reconocido, de nuevo a cuestiones del Ministerio Fiscal, que conocía la catalogación del pozo Emilio del Valle. Era una explotación con una categoría tres sobre cuatro en grisú. Son las minas denominadas "altamente grisuosas": tienen una altísima concentración del gas y requieren de especial cuidado para su explotación. Según el presidente de la Vasco, "la Junta dijo que se vigilara esta explotación. Y de esto (a pesar de haber asegurado anteriormente que el consejo no se ocupaba de las labores), sí estuvimos pendientes". "Todo lo que mandó la Junta se llevó a rajatabla", ha destacado.

Antonio Valle relajó el gesto durante el interrogatorio de su abogado. De la declaración a su letrado se extrae que el comité de seguridad y salud en el trabajo "jamás informó de ninguna negligencia" a pesar de que revisaban la mina con regularidad. También ha señalado que una de las víctimas era vigilante; "porque el plan de seguridad establecía que estuviera en este tajo". Ha asegurado que todos los trabajadores tenían autorrescatadores -elemento de seguridad para sobrevivir a un escape de grisú en la mina-, y que todos funcionaban correctamente.

La primera sesión de testificales ha sido rápida, no ha llegado a las dos horas de duración. La jueza propuso continuar con las declaraciones que están previstas para mañana, pero el abogado de Mario Herce -entonces director general- ha alegado la necesidad de seguir trabajando en la defensa tras las testificales de esta mañana. El juicio continuará mañana, con la segunda jornada. El proceso se prevé muy largo: pasarán por la sala ochenta testigos, entre ellos peritos, expertos y trabajadores que presenciaron el accidente. Se alargará, a razón de tres vistas por semana, hasta el 30 de marzo.

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