La disyuntiva del lobo: o se controla o se crea un impuesto para cubrir sus daños

La recientemente constituida organización profesional agraria denominada Unión Rural Asturiana (URA) ha integrado a una amplia representación de ganaderos de la comarca del Caudal. Los profesionales locales confían en que este nuevo sindicato permita avanzar en dos frentes concretos de gran importancia para el sector. Se trata del control de la fauna salvaje y la regulación de los montes comunales. En ambos casos la reivindicación comarcal es intensa desde hace años.

Manolo Mallada (Morcín) y Carlos Viesca (Mieres) se han integrado en la ejecutiva del nuevo sindicato, que nace con el compromiso de no reclamar ningún tipo de subvención pública. El colectivo alega que se trata de una autoexigencia necesaria para poder defender «en libertad» los intereses del campo. Uno de los puntos en los que incidirá el nuevo sindicato agrario es la necesidad de articular un nuevo plan de gestión del lobo que proteja a los ganaderos: «La realidad es que la población está descontrolada y somos los ganaderos los que soportamos los efectos. Hay dos opciones: o bien se controla el número de animales o se crea un impuesto especial para que toda la población asturiana corra con los gastos».

El sector advierte de que las consecuencias de no controlar la población de cánidos son muy nocivas para el medio rural. «En zonas como el monte Llosorio ya no hay ganadería ovina y caprina, ya que las manadas de lobos acaban con ellas y así se desiste de su crianza», explican los portavoces de URA. Sin ovejas ni cabras, los montes son casi condenados al abandono: «Como consecuencia, el monte bajo se está extendiendo a un ritmo enorme y en diez o quince años todo el medio rural estará abandonado».

Los ganaderos del monte Llosorio, que aglutina los concejos de Mieres, Morcín y Riosa, contabilizan cada año más de un centenar de animales muertos o desaparecidos a causa del lobo. Los ganaderos tienen detectados al menos cinco lobos en estos montes: «No pedimos la erradicación, sino un control de la población que la haga compatible con la actividad ganadera», apuntan. En los pueblos sostienen que la actual gestión del lobo está abocando al medio rural a la desertización: «Las administraciones no son conscientes de la labor del campesino y del ganado doméstico, que permite sostener un paisaje que, de seguir así, acabará tomado por completo por el monte».

Otro asunto que preocupa al sector es la gestión de los montes. En Morcín, por ejemplo, los vecinos llevan años reclamando la titularidad de varios montes del concejo. El sentimiento de malestar e impotencia lo comparten con sus homólogos de Laviana, donde el jurado de clasificación de montes vecinales de mano común del Principado también les niega la propiedad, en este caso, del Raigosu. Los vecinos de La Piñera, San Sebastián y San Esteban, en Morcín, están enfrascados en un pleito con el Principado por la propiedad de varios montes. El contencioso afecta al Aramo, La Mostayal, al Monsacro y La Rozá. El último de ellos, como explican desde la asociación local, «fue declarado de utilidad pública en los años 90, pero antes tenía unos propietarios, esa declaración fue un expolio».

Las quejas

Los vecinos no pretenden hacerse con la propiedad de los montes por capricho: «La administración no cuida los terrenos y tampoco nos deja hacerlo a nosotros». Para URA avanzar en esta reclamación será prioritario. Las quejas de los ganaderos dan forma a una larga lista. Argayos en la carretera, falta de cobertura de internet y pistas a medio hacer. En el Aramo la obra de acceso a las cabañas de Brañacé lleva cuatro años parada tras quebrar la empresa y está impracticable.

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