La maldición del Emilio del Valle: las familias llevan medio año esperando por la sentencia del accidente en el que fallecieron seis mineros, uno de Lena

La "compleja instrucción" dilata el fallo de la magistrada: "Esperamos que haya justicia", claman los familiares

Familiares y vecinos de los fallecidos, en el entorno del pozo Emilio, el día del accidente.

Familiares y vecinos de los fallecidos, en el entorno del pozo Emilio, el día del accidente. / Miki López

28 de octubre de 2013 (14.15 horas de la tarde). El teléfono de la mina suena, en la planta sexta. Un hombre habla al otro lado, está fatigado: "Vamos a la séptima, que pasó algo".

Lo que pasó fue el último gran accidente de la minería del carbón en España, en el pozo Emilio del Valle de Santa Lucía de Gordón (León). Seis mineros fallecieron tras un escape súbito de grisú. Se llamaban Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias -natural y vecino de Pola de Lena- y Roberto Álvarez ("los seis de Tabliza", por el nombre de la explotación). Eran jóvenes, tenían familia. Eran luchadores, merecían la vida.

6 de febrero de 2023 (9.46 horas). Un hombre deja una rosa a la puerta del palacio de la justicia de León. Lleva una camisa negra, a la espalda el nombre de "los seis de Tabliza". Se ajusta las mangas, hace frío. Se encamina a la sala número 2 del juzgado de lo Penal de León.

Y ese hombre es Manuel Moure, padre de uno de los fallecidos. Fue uno de los más activos durante la larga instrucción hasta llegar al juicio: diez años de trámites, aplazamiento del juicio (en 2021) y el "olvido" que denunciaban las familias. Este febrero, en uno de los días más fríos del año, consiguieron uno de sus objetivos; ver a los dieciséis investigados por el accidente de la mina sentarse en el banquillo. Entre ellos, la cúpula de la empresa Hullera Vasco-Leonesa (responsable de la explotación). Lo que predijeron aquel día, cuando afirmaron que "la penuria aún no ha acabado", parece cumplirse. Casi medio año después de que se declarara el caso visto para sentencia, siguen esperando por un fallo. "Solo esperamos que se haga justicia", afirman familiares de las víctimas.

Esperan en silencio. Los abogados con los que ha contactado este diario prefieren no hacer, por el momento, valoraciones. Hasta que haya sentencia, al menos. "Se trata de una instrucción compleja, los tiempos se están dilatando por eso", afirma uno de los letrados de las familias. No es baladí lo que se dirime en este procedimiento. De base, una pregunta concreta: ¿Se pudo evitar el accidente del pozo Emilio del Valle?

Testimonios

Los testimonios del accidente fueron auténticos relatos de terror. Los trabajadores que pasaron por la sala coincidieron en el relato de los hechos: la galería de la planta séptima se convirtió en un infierno. Los que entraron en el taller sintieron mareos, náuseas, auténtica ansiedad. Los autorrescatadores no funcionaron, posiblemente -según los expertos-, porque no había aire limpio en toda la planta. Se liberaron 19.000 metros cúbicos de gas metano, el volumen de siete piscinas olímpicas.

Y en esa fuga masiva de gas metano, -"fuera de todo rango o parámetro", según los peritos-, está la clave. El grueso de la investigación se centró en averiguar si esa concentración mortal de grisú se formó en el techo de la galería. Es lo que en el método de explotación de el Emilio del Valle, denominado sutiraje, se conoce como "bóveda". Si se forma "bóveda" es que la explotación no está bien planificada, los mineros trabajan en virgen y los riesgos se elevan considerablemente (ningún experto pudo hacer una estimación exacta de cuánto mayor sería el riesgo).

Un punto tan relevante en este juicio como controversial. No hubo acuerdo. Uno de los informes de la instrucción, al que tuvo acceso este diario, se elaboró desde la Facultad de Minas de la Universidad de Oviedo. Apuntaba el estudio que, hubiera o no "bóveda", la mina había dado "suficientes avisos" para abandonar la explotación en el taller. En los días previos al accidente, la actividad se interrumpió al menos en cinco ocasiones por los altos niveles de metano. Un ingeniero de la compañía había sido despedido, meses antes, por alertar del riesgo.

De las declaraciones de los acusados poca aclaración se obtuvo. Los Del Valle, responsables máximos de la explotación (hasta lleva el nombre familiar), aseguraron que sus labores eran administrativas y de gestión; no relacionadas con la producción ni explotación dentro del pozo. De lo señalado por los ingenieros y cargos intermedios, se extrajo que "no existe riesgo cero en la mina" y que ningún empleado había mostrado "incertidumbre" por las condiciones de seguridad. La Fiscalía pidió, al término del proceso, retirar los cargos que se habían investigado para los tres vigilantes -reduciendo así el número de acusados por el Ministerio Fiscal a trece-.

El juicio quedó visto para sentencia el 30 de marzo. Y, hasta hoy, el silencio.

28 de octubre de 2013 (17 horas). Está oscuro en Santa Lucía de Gordón. Una tarde fría y seca, de las que avisan del invierno en la montaña central de León. En torno al portón verde del pozo Emilio del Valle, se concentran periodistas. Llegan familiares, llegan amigos. Preguntan si se sabe algo, pero aún no hay nombres. Solo dos ambulancias a lo lejos, en la caña del pozo. Suena el chirrido del portón abriéndose, el crepitar de unas ruedas en la gravilla. Entra el primer coche fúnebre.

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