Instrucciones para cambiar de bando

Tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, la zona republicana tuvo que reorganizar su sistema judicial. En Asturias, un mes más tarde se creó un Tribunal Popular implantado por el Comité de Guerra en Gijón que apenas tuvo tiempo para actuar, ya que el día 12 de septiembre del mismo 1936 fue sustituido por el Tribunal Popular Provincial que iba a durar hasta el 21 de octubre de 1937 cuando los sublevados ocuparon la región.

Esta estructura judicial estaba dividida en siete sectores, todos emplazados en la zona central de la región: Gijón, Avilés, Mieres, Trubia, Lugones, La Manjoya y Las Caldas. Como verán, se cubría la costa, la cuenca minera y los alrededores de Oviedo, aunque no el interior de esta ciudad que se había colocado del lado de los militares golpistas.

El sector de Mieres desarrolló su actividad desde febrero de 1937 juzgando un total de 87 delitos. El mayor número –sesenta de ellos– fueron casos de deserción, aunque con este concepto se consideraron muchos casos de soldados que dejaban el frente para desplazarse a sus domicilios sin pedir autorización y con intención de volver a reincorporarse antes de que se detectase su falta. Lo hacían desconociendo las consecuencias de su decisión y por diferentes motivos personales como ir a visitar familiares enfermos, acudir a entierros o simplemente para cambiarse de ropa o calzado.

El Código de Justicia Militar consideraba desertores a quienes no estuviesen presentes en tres listas consecutivas de ordenanza y cuando se veía que los acusados no habían pretendido huir ni pasarse al enemigo su imprudencia era calificada solamente como falta grave, de manera que la condena por una ausencia de dos a cuatro días se limitaba a realizar trabajos de fortificación en un batallón disciplinario por un periodo que no excedía los dos meses.

Sin embargo, 29 de los soldados que fueron juzgados como desertores en el sector de Mieres sí tenían intención de pasarse al campo enemigo lo que conllevó el agravante de traición al que casi siempre hubo que sumar el delito tipificado de llevarse consigo las armas. El Código disponía en estas ocasiones penas de doce a veinte años de internamiento en campos de trabajo para quienes fuesen detenidos y sentencia de muerte para los declarados en rebeldía, aunque esta pena fue muy poco habitual, ya que el Tribunal Popular Provincial solo la impuso en 37 ocasiones y además 12 de ellas acabaron conmutándose.

Entre los no movilizados el equivalente a la deserción de los milicianos y militares fue el abandono de la zona republicana para unirse en la provincia de León al bando de los alzados. Así, fueron relativamente frecuentes los intentos de cruzar la cordillera individualmente o en grupo. La mayoría consiguió pasar; otros fueron interceptados o desistieron y los que tuvieron peor suerte murieron por el frío del invierno al despistarse en la montaña.

Un ejemplo del procedimiento que se seguía con quienes no lo lograron lo vemos en la causa de José María Lombardía, entonces secretario accidental del Ayuntamiento de Aller, a quien la nieve hizo fracasar en su intento el 6 de diciembre de 1936. Entonces, ante la imposibilidad de consumar sus propósitos, decidió regresar por voluntad propia y fue puesto ante el Tribunal. La acusación se basó en el agravante de que había abandonado su cargo en perjuicio de la causa pública e incurrido en el delito de adhesión a la rebelión que estaba previsto y sancionado en el artículo 238 del Código de Justicia Militar. Sin embargo, tras escuchar a dos testigos, tanto el fiscal, Renato Ozores, como el defensor, Eduardo Ibaseta, modificaron sus conclusiones en el sentido de estimar su delito solo en grado de tentativa; pero aun así, el Jurado dictó veredicto de culpabilidad y lo condenó a la pena de seis años y un día de internamiento en un campo de concentración.

Todo indica que la salida de Asturias se hacía sin que mediase ninguna organización estable de apoyo y como mucho con la ayuda de los simpatizantes franquistas de las aldeas altas o de algunos curas; sin embargo, en "La Voz de Cantabria" del viernes 26 de marzo de 1937 leemos un caso que sí cita la posible existencia de una red bien estructurada para facilitar las deserciones y el paso a la zona "nacional". Ese diario recogió la información sobre un fallo del Tribunal Popular en una causa por desafección al Régimen y ayuda a la insurrección, dictando varias penas graves. Los encartados fueron Luis Fernández Linares, director del Banco Herrero en Mieres; Manuel Olavarrieta Mori, cajero del mismo establecimiento y los chóferes Eliseo García Losa, Federico Ordóñez y Benito Álvarez Noriega, todos ellos muy conocidos en esta villa.

Los dos primeros fueron calificados como derechistas notorios y se los acusó de haber extraído de la sucursal 45.000 pesetas para ayudar al levantamiento en el inicio del movimiento insurreccional, aunque poco después Luis Fernández y Manuel Olavarrieta "viendo que aquel no triunfaba y temerosos de ser perseguidos, se propusieron pasar a León, siendo entonces descubiertos, ocultos en una casa de Tolibia". Esta Tolibia no es la localidad de Laviana sino una de las dos aldeas –de Arriba y Abajo– que llevan este nombre en el ayuntamiento leonés de Valdelugueros, lindante con el concejo de Aller.

De cualquier forma, los dos fueron trasladados a Gijón y declararon que el dinero extraído del Banco lo había sido por orden del director-propietario que lo había pedido desde Oviedo. Pero esta afirmación fue desmentida por el dueño de la casa donde se ocultaron los dos mierenses y además se llegó a descubrir que funcionaba una organización "para auxiliar a los revolucionarios que se hallan en Asturias y pasarlos a León, la cual han conseguido pasar algunos en varias ocasiones".

El caso es que ya que les conté en otra ocasión como en julio de 1938, cuando ya hacía meses que Asturias estaba en poder de los franquistas, otro director de la sucursal del Banco Herrero en Mieres en el inicio de la guerra había recibido una notificación para que justificase por qué había seguido cobrado su salario en los meses de agosto, septiembre y octubre de 1936 cuando la entidad financiera estaba en manos del comité rojo.

Desconozco como se llamaba este hombre, pero no debió de ser el mismo que fue acusado de "ayuda a la insurrección"; sin embargo, ambos compartieron las mismas ideas, ya que en su defensa aclaró que lo habían sustituido porque no era afecto a la causa republicana y que por culpa de su simpatía por el Alzamiento, a los suyos se les había privado del carné de abastecimiento y les incautaron 28.000 pesetas, por lo que para no morirse de hambre tuvo que pordiosear entre los amigos.

En relación con la posible existencia de este red de ayuda a los fugitivos, ahora he podido conocer un documento de la División 81 que cubría el frente de León titulado "Sobre la posibilidad de llevar a la práctica las instrucciones para la explotación de ayudas en campo enemigo". Está firmado por el jefe del Estado Mayor y aunque no tiene fecha se corresponde con el verano de 1937, ya que esta división se encargaba entonces de cubrir el denominado frente de los puertos que tenía tres subdivisiones.

Se trataba de establecer relaciones más o menos permanentes con personas afectas a la causa franquista que residiesen en el campo republicano. Para ello, dado que el frente estaba establecido de manera discontinua en un terreno muy accidentado, se proponía buscar a individuos que conociesen perfectamente los distintos pasos de una a otra vertiente, tanto para disminuir el peligro de ser descubiertos como para evitar así perderse en el laberinto de montañas. Por lo tanto, se recomendaba elegirlos entre los naturales del país y en un número limitadísimo, pero asumiendo que la misión era difícil porque los pueblos de la zona ya habían sido saqueados y se encontraban vacíos, los agentes de enlace no iban a tener más remedio que internarse bastante en territorio enemigo para buscar allí las ayudas.

En este documento queda claro que hasta ese momento no había nada organizado al respecto y para cumplir el plan se precisaba hacer acopio de toda clase de material de información, planos y fotografías, aunque la mayor dificultad estaba en reclutar al personal que reuniese las condiciones necesarias, de modo que para poner en práctica estas instrucciones se planteó la creación de un equipo mandado por un jefe, otro jefe de servicio, dos o tres oficiales auxiliares y el personal de oficinas que se juzgase necesario.

Todo indica que no hubo tiempo para desarrollar este plan, pero tampoco necesidad, porque pocos meses más tarde las tropas sublevadas ya ocuparon Asturias. De cualquier forma, otra vez comprobamos que en el estudio de nuestra última guerra queda mucha trama por coser y la revisión de los archivos aún sigue dando sorpresas

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