Las claves del conflicto que está sacando canas al centro de mayores de Mieres

El centro social de personas mayores de Mieres ha pasado en apenas unas semanas de ser un ejemplo de entendimiento entre la administración pública y la sociedad civil a convertirse en un polvorín que amenaza con hacer saltar por los aires uno de los equipamientos para jubilados más dinámicos de la región. El enfrentamiento entre la asociación de usuarios y la nueva directora ha quebrado la plácida convivencia de un centro que suma más de 6.500 socios y que da servicio a todo el casco urbano de Mieres. El quid del problema parece estar en el papel que debe asumir la asociación en el funcionamiento de la instalación.

El amplio margen de actuación de que disponía el colectivo hasta ahora, con aplaudidos resultados, ha sido limitado por la nueva gestora, desatando un desencuentro que genera "preocupación" en el Ayuntamiento y que incluso ha desencadenado que Foro haya pedido ya la comparecencia "urgente" de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, para que informe en la próxima comisión sobre "las graves irregularidades en el funcionamiento del centro", que carece además de licencia de apertura.

El centro de personas mayores de Mieres lleva 24 años funcionando sin licencia de apertura

En el Ayuntamiento aún se confía en que se pueda encontrar una salida dialogada al problema. La Corporación ha sido muy prudente y ha evitado censurar a la dirección, aunque subrayan que si el centro ha sido un ejemplo de dinamismo durante los últimos años es gran medida gracias a la asociación de usuarios. El colectivo se fundó hace unos tres años para "contribuir al buen funcionamiento del centro", asumiendo un papel clave como dinamizador de actividades. La anterior directora facilitó al colectivo una presencia relevante y activa en la gestión del centro, asumiendo la organización de actividades y celebraciones, lo que contribuyó a estimular la vida de la instalación hasta niveles poco habituales en el este tipo de equipamientos de servicio público.

La junta de gobierno

La asociación nació como una herramienta de apoyo para la junta del gobierno del centro. Ambas entidades están presididas por José Antonio Álvarez. "Desde un primer momento hemos intentado mejorar la calidad de vida de los socios, logrando que la gente deje de vernos como un lugar para viejos". De los 6.500 socios del centro, algo más de 1.200, los más presentes, forman parte de la asociación. "Pagan un euro al mes de cuota", explica Álvarez. Los ingresos de la asociación se completan con una baile que organizan cada miércoles, con dos euros de entrada para sus afiliados y cuatro para el resto de usuarios. "Con estos fondos subvencionamos buena parte de los costes de la veinte de actividades que organizamos, como gimnasia o yoga, lo que reduce el coste a los socios". También sufragan el calendario de fiestas, que incluye, por ejemplo, San Valentín, el amagüestu y excursiones. "La nueva directora nos ha apartado de la organización de estas iniciativas, lo que a corto plazo ha supuesto incrementos del coste para los socios de más de 60 por ciento y, a largo plazo, puede suponer su desaparición", indica el presidente de la plataforma.

En el centro de mayores hay voluntarios que organizan actividades gratuitas. A estas se suman las algo más de veinte que dependen de la asociación, a las que hay que sumar otra media docena que dependen del Principado. "Nuestro objetivo es que hubiera cuantas más actividades posibles para que todo el mundo tuviera su sitio y eso es lo que se está poniendo en peligro".

La asociación de usuarios ve muy complicado reconducir la relación con la directora. Piden su marcha, aunque hay trabajadores que la apoyan: "Los respaldos vienen del bar y de una conserje, quienes con malas artes han intentado con muy poco éxito dividir a los socios, aunque siempre hay minorías disconformes", concede José Antonio Álvarez.

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