Ampliada la investigación judicial contra el agente de la Policía Nacional de Langreo acusado de fraude

El Juzgado de lo Social de Mieres suspendió ayer el juicio contra el agente de la Policía Nacional de Langreo y su esposa que están acusados de varios delitos económicos. En esta vista, un exempleado les reclamaba 18.000 euros por el impago de salarios, además de las cuotas a la Seguridad Social de un año. La suspensión del juicio se produjo al comprobar el juez que hay más procedimientos abiertos contra el agente y su mujer relacionados con la actividad de dos empresas de "vending": Eurofinance y Principado Vending. Ahora se va a analizar la posibilidad de que exista un presunto delito de "insolvencia punible", el antiguo "alzamiento de bienes", en la transferencia de medios de una empresa a otra

El policía investigado fue administrador único de la primera empresa, Eurofinance, que acabó yendo a concurso de acreedores. A continuación fue creada una segunda firma, Principado Vending, inicialmente a nombre de la esposa del agente y que posteriormente pasó a manos de su hija. Según señaló uno de los testigos que ayer declaró en el juzgado mierense, trabajó un día para Eurofinance; luego dos meses, sin asegurar, para la misma empresa, y a continuación, "sin interrupción", para Principado Vending. Esta segunda empresa habría seguido trabajando con maquinaria de la primera, que habría quedado fuera del concurso de acreedores, pese a que las deudas que arrastraba la sociedad quebrada no habían sido cubiertas. De ahí la posibilidad de que se abra causa por "insolvencia punible" contra el agente y su familia.

Francisco Javier Iglesias, abogado del demandante, señaló que "a la vista de la declaración de los testigos se considera que puede haber una sucesión de empresas, que pasaron de padre a mujer y a hija", y que por lo tanto, sería necesario "agrupar" las demandas existentes para que haya un único juicio. Una segunda empleada del policía, ahora residente fuera de España, también habría denunciado su caso ante la autoridad laboral. Al igual que el otro extrabajador, no habría tenido contrato de trabajo ni nóminas, cobraba de forma esporádica y además habría sufrido "acoso".

No es la única causa que tiene abierta el agente, adscrito a la comisaría de Langreo y natural de Laviana. Una empresa de "vending" le reclama 130.000 euros por el impago de una serie de máquinas, en otro juicio que inicialmente tendrá carácter civil y que está previsto para septiembre. Antes, a finales de marzo, está programado un juicio en la Audiencia Provincial por un presunto delito continuado de estafa, en el que se acusa al policía a su esposa de haberse apropiado de unos 250.000 euros.

Además, en las últimas semanas, se confirmaron en los juzgados de Langreo y de Laviana otras denuncias en su contra, también por presuntos fraudes y por los cuales se les reclama más de medio millón de euros. Las personas que ya han iniciado sus procesos judiciales contra el agente afirman que puede haber "más víctimas" de sus impagos: "Es posible que existan distintos casos que todavía no han sido puestos en conocimiento de los tribunales". Aseguran que el policía se aprovechaba de su trabajo para "ganarse la confianza" de la gente.

La Policía Nacional tiene abierta una investigación interna, ya que para que un agente pueda tener actividades al margen de su trabajo es necesario "solicitarlo, analizar si son compatibles con el cargo y no entrar en conflicto con la labor policial".

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