La muerte de dos operarios por un alud en San Isidro, a juicio: el jefe de Conservación de Carreteras se declara "culpable" pero rechaza ser inhabilitado

El Jefe del Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras del Principado se ha declarado este viernes “culpable” ante la titular del juzgado de lo penal número 2 de Oviedo en la causa por el accidente que acabó con la vida de dos operarios, César Fernández y Virgilio García, en el puerto de San Isidro, en enero de 2021, trabajadores que murieron sepultados por un alud. Aun así, su defensa, ejercida por el abogado Francisco Javier Martínez, ha matizado que “no se siente culpable de nada, ni por acción ni por omisión”. El acusado, que sigue ejerciendo el mismo puesto de trabajo, rechaza por tanto la inhabilitación solicitada por las acusaciones particular y popular porque entiende que “se cumplieron todos los protocolos de seguridad vigentes en aquel momento”. El Jefe de Servicio se negó a responder a las preguntas de la acusación y solo admitió su culpabilidad.

El acusado ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y acepta una pena de dos años prisión por dos delitos de homicidio por imprudencia grave y una multa de 1.800 euros. Las indemnizaciones ya las abonó en su día la compañía de seguros. Lo que rechaza el Jefe de Servicio es la inhabilitación que reclaman las acusaciones. “Ha reconocido los hechos y ha mostrado conformidad con el Ministerio Fiscal para evitar un juicio donde tenía el riesgo de ser condenado a una pena mayor que supondría la entrada en prisión”, explicó su abogado, que insistió en que “realmente no reconoce culpabilidad alguna porque cumplió los protocolos”. Para la defensa, lo que ocurrió fue “una fatalidad”.

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Tras el acuerdo entre defensa y fiscalía, el abogado que representa al acusado entiende que la sentencia “será casi con total seguridad de conformidad con el fiscal". Así, el acusado se enfrentaría a dos años de prisión y no entraría en la cárcel ya que en el propio escrito del ministerio público se pide que se suspenda la ejecución de esa entrada en prisión, condicionada, eso sí, a que no vuelva a delinquir en dos años.

Para la defensa, la acusación particular, a la que se ha adherido la acusación popular, “pide unas penas desorbitadas”. La petición es de tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y cuatro años por delito de homicidio por imprudencia (7 años en total). Pero en realidad, la condena sería como máximo de cuatro años, la pena más alta de los delitos por los que es acusado.

María Martín abogada de la familia de uno de los fallecidos, Virgilio García. Considera que los dos años de prisión acordados por defensa y fiscalía, un año por cada uno de los dos delitos de homicidio por imprudencia grave, es “casi irrisoria" para la gravedad de los hechos, "no podemos olvidar que hay dos personas que han muerto” el otro operario fallecido es César Fernández).

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“El mayor debate para nosotros”, explicó Martín, "es la inhabilitación para el cargo de jefe de servicio, no una inhabilitación para trabajar ni para ser funcionario, sino para ejercer el cargo que estaba realizando cuando sucedieron los hechos y en el que sigue actualmente”. La abogada considera que “si se ha declarado culpable es que reconoce que no actuó con la diligencia debida como jefe de servicios. Será la jueza quien decida".

“No es razonable que le vaya a salir gratis la muerte de dos personas”, recalcó la abogada de la acusación popular, Beatriz González, de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). “Si se le impone la pena de dos años que ha pactado con el Fiscal, no entraría en prisión, le quedarían antecedentes penales que con el tiempo se pueden borrar, y seguiría ejerciendo como jefe de servicio, con lo cual, la negligencia grave que presuntamente ha cometido quedaría en agua de borrajas y eso, en modo alguno nos parece razonable”, añadió.

La abogada de la familia de Virgilio García, y con ella la acusación popular, piden una inhabilitación de seis años o subsidiariamente una inhabilitación que coincida con la pena de prisión, por el momento esos dos años pactados. Al ser preguntada por si la acusación aceptaría esa pena de dos años de prisión y dos de inhabilitación, María Martín señaló que “habría que leer cuál es la argumentación jurídica, ver si eso es acorde o no a los intereses que yo represento y valorar opciones de recurso o no”.