La FACC explica el proceso de selección de una psicóloga para el centro asesor de la mujer de Mieres: el PP denuncia enchufismo

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Celia Pérez, considera injustificada la sombra de duda que el PP y el sindicato CSIF han arrojado sobre el proceso de contratación que ha abierto la entidad para cubrir una plaza de psicóloga en el Centro Asesor de la Mujer de Mieres. La alcaldesa socialista de El Franco defiende que han aplicado, como acostumbran, "criterios estrictamente técnicos y procedimientos transparentes". Remarca que una comisión especializada realiza "una preselección interna entre candidaturas de nuestra plantilla fija o fija-discontinua". En caso de no disponer del perfil necesario, "recurrimos a nuestra agencia de colocación, complementando la búsqueda con el Servicio Público de Empleo y otras agencias acreditadas por el Principado cuando es necesario".

Profundizando en el caso concreto del proceso de contratación laboral que ha generado polémica en Mieres, Celia Pérez explicó a este diario que, "tras recibir formalmente el encargo municipal el 5 de junio para iniciar el servicio el próximo 1 de julio, procedimos a abrir la oferta laboral el 11 de junio y darle publicidad". La presidenta de la FACC apunta que se recibieron 15 candidaturas. "El proceso está actualmente en fase de resolución, contando con el asesoramiento directo de personal adscrito al Instituto Asturiano de la Mujer por la sensibilidad y especificidad del puesto, orientado principalmente a la atención a víctimas de violencia de género". Y es esta especificidad, señala, "la que justifica la valoración que se le otorga a la fase de entrevista personal".

El centro asesor de la mujer "coloca personal a dedo", denuncia el PP

La visión de IU

Esta explicación es refrendada por el gobierno local de IU. "Hacía tiempo que veíamos necesario incorporar una psicóloga al centro asesor y tras negociar con el Principado la mejor alternativa era hacerlo a a través de la FACC. Entendemos que el procedimiento es transparente y totalmente ajustado a derecho", sostiene el portavoz municipal Paco García.

El PP ha denunciado que el proceso enmascara lo que califican como "un nuevo caso de colocación a dedo". Por su parte, el CSIF defiende que el Ayuntamiento de Mieres cuenta con personal capacitado para cubrir el servicio psicológico del Centro Asesor de la Mujer y considera un "apaño" subcontratarlo a la FACC, "que es una asociación, lo que le permite a través de una simple entrevista colocar en un puesto público para temas tan delicados a quien le dé la gana".

La FACC sostiene que desde hace más de una década asume numerosos encargos para las entidades locales asturianas en diversos ámbitos como información turística, gestión cultural, salvamento en playas y piscinas, asesoramiento empresarial, apoyo técnico especializado, gestión de nóminas y seguros sociales, normalización lingüística y protección de datos, entre otros. "A todo esto se suma que desde 2018 prestamos servicios jurídicos y psicológicos en los centros asesores de la mujer. A día de hoy cubrimos estas necesidades en Aller, Lena, Cangas del Narcea, Llanes, Piloña y Vegadeo, atendiendo mancomunadamente a mujeres de 31 concejos".

Celia Pérez recalca que, "como medio propio", la Federación está exenta de publicar estas ofertas en el BOE o en el BOPA. "Asimismo, aclaramos que todo el personal técnico contratado registra su horario mediante una aplicación específica propia, gestiona directamente con la FACC sus vacaciones y recibe las indicaciones y recursos necesarios (teléfono móvil, ordenador, etc.) para realizar su trabajo directamente de nuestra entidad". Con esta última aclaración la presidenta de la FACC responde a dos críticas concretas. El PP sostiene que la trabajadora contratada terminará a medio plazo denunciando al Ayuntamiento para forzar su ingreso en plantilla, y el CSIF critica que el desdoblamiento laboral genera "desigualdad de trato" entre trabajadores que realizan tareas semejantes dependiendo de diferentes contrastadores".

"Queremos destacar que la Sindicatura de Cuentas del Principado auditó los trabajos realizados por nuestra Federación como medio propio en 2021, concluyendo que todas nuestras actuaciones se ajustan plenamente a la normativa aplicable sobre gestión de fondos públicos", destaca Celia Pérez.

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