Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: "Vulneran nuestros derechos"
Las madres de las menores, alumnas del colegio de educación especial de Sama, alegan que deben caminar por un tramo de 400 metros en cuesta y sin aceras

Las dos menores, con la madre de una de ellas, ayer, junto al transporte escolar.
Miguel Á. Gutiérrez
Habilitar una parada de transporte escolar más cerca de casa para sus hijas, con movilidad reducida y con un grado de discapacidad del 78 por ciento en ambos casos. Esa es la lucha en la que llevan inmersas desde enero dos madres de Langreo. Residen en La Foyaca y hay un tramo de 400 metros hasta la parada del barrio de La Joécara en la que las dos niñas, de diez y nueve años, tienen que coger el bus. Se trata de una carretera sin aceras, con un notable deterioro y que encierra "mucho riesgo de caídas y de atropello" para las pequeñas. Sus madres llevan ocho meses picando a todas las puertas de la Administración (la última de ellas, la del Defensor del Pueblo) sin que hasta ahora les hayan dado una solución.
Las dos niñas son compañeras en el colegio de educación especial Juan Luis Iglesias Prada, de Sama. Ambas, con un grado de discapacidad del 78 por ciento, están diagnosticadas de Síndrome de Angelman. Se trata de un "severo trastorno neurológico que conlleva problemas de movimiento y equilibrio, como son la ataxia al caminar (rigidez, torpeza y pérdida de coordinación) con el consecuente riesgo de caída continua; retraso general del desarrollo; y retraso cognitivo", entre otras complicaciones, explica Sheila Fernández, madre de una de las menores.
La dos madres, debido a un cambio de domicilio a La Foyaca, pidieron en enero que se habilitara una nueva parada más próxima a este núcleo que la existente en La Joécara, a unos 400 metros: "A las necesidades que las niñas tienen hay que añadir el trayecto que se les obliga a realizar: sin aceras, completamente irregular, con pendiente pronunciada y con circulación continua de vehículos en ambos sentidos. Por lo que existe mucho riesgo de caídas y un elevado riesgo de atropello".
La solicitud fue denegada por el Consorcio de Transportes y la Consejería de Educación, al considerar que la parada pedida está "fuera de ruta y que no se cumplían los criterios necesarios para ella", expone Fernández, que ha puesto el caso en conocimiento de las consejerías de Movilidad, Educación y Cohesión Territorial del Principado; la Mancomunidad del Valle del Nalón; el Ayuntamiento de Langreo e incluso el Defensor del Pueblo.
En los escritos remitidos a la Administración se argumenta que, en la resolución que regula la prestación del servicio de transporte escolar, se establece que no puede haber dos paradas separadas por menos de quinientos metros, si bien aparece recogida una excepción para el alumnado con discapacidad. Estudiantes "con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física de tipo motórico".
Discapacidad
Las madres de las pequeñas señalan que, junto a la valoración del grado de discapacidad (reconocida por la Consejería de Derechos Sociales), del 78 por ciento, las niñas presentan movilidad reducida y ataxia. "Según los dictámenes que hemos aportado a los escritos que se han enviado, queda más que acreditada las pluridiscapacidades de las dos niñas. Y queda reflejada la discapacidad físico-motora, por lo que se cumplen los criterios para la habilitación de la parada solicitada".
Por todo ello, piden habilitar "una nueva parada más cercana al domicilio por las necesidades de las niñas y salvando el recorrido que no pueden realizar". Una petición que no ha encontrado respuesta hasta ahora. "El curso pasado estuvimos un tiempo sin hacer uso del transporte a la espera de que pusieran la parada. Y, ya cansadas, como no la habilitaban, cuando finalmente las llevamos a la parada de La Joécara, en mayo, nos encontramos con que no había asientos suficientes, por lo que una cuidadora tuvo que ir de pie y dos alumnos al lado del conductor, junto a los mandos del vehículo", apunta Sheila Fernández, que añade: "Pensábamos que era un problema de que el curso estaba iniciado y que al comienzo de este ya habría una solución. Ya no sabemos a dónde acudir. El Consorcio de Transportes y la Consejería de Educación vulneran constantemente nuestros derechos".
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