Los vecinos sopesan llevar la reforma del paso a nivel de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, ante la Justicia: estas son las razones

La asociación de vecinos "San Martín" de Sotrondio ha denuniado el abuso de poder realizado por el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en la ejecución de la obra de mejora del paso a nivel de la localidad, a la altura del antiguo Ayuntamiento. Acusan al organismo estatal de ningunear sus sugerencias sobre la actuación.

"Lo malo no es que nuestras propuestas fueran directamente a la papelera", señaló Manuel Turrado, presidente del colectivo vecinal, "sino que han hecho todo lo contrario a lo que se proponía: las vías del paso a nivel han sido elevadas en unos 20 centímetros, han estrechado el paso a nivel y han aumentado la rampa de subida, con el consiguiente peligro para los usuarios".

Turrado indicó que "ante estas actuaciones ejecutadas estamos en condiciones de afirmar que la persona o personas que redactaron el proyecto de obras, en ningún momento visitaron el paso a nivel de Sotrondio, ni los terrenos de la estación porque, de haberlo hecho, resultaría incomprensible realizar la obra así".

También criticó el colectivo vecinal la "actitud dictatorial con la que el Adif trata estos asuntos; hacen lo que les da la gana sin atenerse a nadie. Por parte de esta asociación también instaremos a la Consejería de Movilidad a que sus técnicos nos digan si la rampa del paso a nivel está dentro de la reglamentación pertinente y, en su caso, trataremos por todos nuestros medios de acudir a la Justicia para que se pronuncie al respecto".

Licencias

Se cuestionó el colectivo vecinal si Adif "solicitó los permisos o licencias correspondientes para la colocación de las chabolas en la estación y abonó las tasas que corresponden" y si "solicitó permiso para la ocupación de terreno público para el acopio de materiales y abonó las tasas pertinentes como cualquier vecino". Y añadió que "no podemos olvidar que esa entidad, que está adscrita al Ministerio de Transportes, en el ejercicio de sus competencias y haciendo gala de un celo competencial inusitado retrasó la ejecución del centro de salud más de 18 meses".

También señaló que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público recoge "el principio general de lealtad institucional, que debe regir entre las distintas Administraciones Públicas. Practíquenlo para que no sea mera literatura jurídica".

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